El Congreso apoya un embargo de armas a Israel

El Pleno del Congreso ha aprobado este martes la toma en consideración de una proposición de ley presentada por Sumar, Podemos y BNG, que propone suspender la compraventa de armas y material de defensa a Israel. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del PSOE y sus habituales socios parlamentarios, y el voto en contra de PP, Vox y UPN.

El resultado dependía del posicionamiento de Junts, ya que el PSOE había confirmado su respaldo antes del debate. Finalmente, la medida contó también con el apoyo de ERC, PNV y Bildu, que durante sus intervenciones subrayaron la necesidad de actuar con base en el respeto a los Derechos Humanos. Por su parte, PP y Vox rechazaron la iniciativa alegando que conlleva un “sesgo anti-Israel” y la tacharon de promover el “antisemitismo”.

El debate se produjo en un contexto de escalada militar en Gaza. La proposición no solo propone bloquear la exportación de armas, sino también impedir el envío de cualquier recurso que pueda reforzar al Ejército israelí, incluyendo material antidisturbios o combustible de uso militar. Para ello, plantea modificar la legislación actual sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.

Inspecciones en buques y aviones con destino a Israel

Uno de los puntos clave del texto es la creación de un protocolo especial que permita al Gobierno inspeccionar la carga de barcos y aviones que pasen por territorio español con destino a Israel. Esta medida incluye la posibilidad de incautar material militar si se detecta que forma parte del cargamento.

Además, la ley prevé que todas las autorizaciones vigentes para la exportación de material militar y policial sean revocadas tras la declaración formal del embargo, y se prohíban nuevas autorizaciones, incluso aquellas que actualmente están exentas por la legislación.

El embargo se activará automáticamente en los casos en los que Israel —u otro Estado— haya sido demandado ante un tribunal internacional cuya jurisdicción reconozca España. La aplicación concreta de la medida correrá a cargo de la Secretaría de Estado de Comercio, que deberá formalizarla en un plazo máximo de 15 días tras la denuncia.