CGPJ: mandato caducado, desprestigio y desgobierno

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple hoy 5 años caducado, los mismos años que de mandato vigente, lo que supone una situación inédita que desde dentro califican ya de “insostenible” tanto para el propio órgano como para la Justicia.

Ante la nueva Legislatura hay dos posibilidades de renovación: el acuerdo político PSOE-PP o una reforma legal. No obstante, las fuentes consultadas llaman a la cautela debido al actual clima de confrontación entre el Gobierno y el mundo judicial a cuenta de la amnistía, lo que abocaría a la segunda opción.

Este Consejo se constituyó el 4 de diciembre de 2013 con los 20 vocales que marca la ley más el presidente elegido por ellos, Carlos Lesmes, con una mayoría conservadora. Debió renovarse en 2018, pero la falta de acuerdo entre PSOE y PP -que son los únicos que suman las mayorías parlamentarias necesarias- condenó a esta situación de estancamiento una década después.

A lo largo de los años, el órgano de gobierno de los jueces se ha ido descomponiendo. Solo quedan ya 16 vocales -aunque se mantiene el dominio conservador- tras las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde y Rafael Mozo, la dimisión de Concepción Sáez y el fallecimiento de Victoria Cinto. Además, ha visto pasar tres presidentes. Lesmes dimitió en octubre de 2022 para forzar el pacto PSOE-PP y le sucedió Mozo, por ser el vocal de mayor edad. Pero este último tuvo que jubilarse el pasado 19 de julio, cediendo el testigo al actual mandatario interino, Vicente Guilarte.

Sin nombramientos

Más allá del desprestigio institucional, que es ya un clamor en el mundo judicial, la situación de interinidad del CGPJ ha tenido un claro impacto en la administración de justicia por la imposibilidad legal de que un Consejo caducado realice nombramientos discrecionales en los altos tribunales.

En total hay 85 vacantes en la cúpula judicial, con una en la Audiencia Nacional, 25 en las provinciales, 36 en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y 23 en el Supremo (TS). Este último perdió ya un tercio de magistrados sin cubrir sus plazas, lo que ha llevado al borde del colapso a sus salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. Su Gabinete Técnico, en un informe emitido hace poco más de un año, avisó de que eso supondría dictar mil sentencias menos.

Esta crisis de vacantes tiene su origen en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) realizada por el PSOE y Podemos en marzo de 2021 para empujar al PP a pactar. En un escenario de confrontación política, que se reproduce en cada decisión en el propio seno del CGPJ, muchos descartan que el PP vaya a entablar conversaciones con el PSOE en plena tramitación de la ley de amnistía. “No hay incentivos”, aseguran fuentes consultadas.

Hay dos reformas posibles. PSOE y Podemos propusieron que en caso de que en primera vuelta no fuera posible elegir a los 12 vocales judiciales en el Congreso y el Senado por la mayoría de tres quintos, que en segunda vuelta salieran por mayoría absoluta. Otra posibilidad es que esos 12 vocales sean elegidos sólo por el Congreso, dejando a un lado al Senado.