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El Gobierno central y la Generalitat de Catalunya han sellado este lunes un acuerdo histórico para reformar el modelo de financiación autonómica, que dejará de basarse en el gasto previsto por las comunidades y pasará a estar vinculado a los ingresos que estas generan.
El pacto —presentado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau— supone un cambio de enfoque: las comunidades ya no recibirán recursos en función de su gasto, sino que gestionarán sus propios ingresos fiscales.
Según fuentes del Govern, se trata de un modelo que reconoce a las comunidades “con mayor madurez”, ya que podrán ingresar, administrar y decidir sobre sus propios recursos.
El acuerdo contempla que Catalunya recaude todos los impuestos, de los cuales se destinará un porcentaje al Estado para financiar sus servicios. El resto será gestionado directamente por la Generalitat. Queda pendiente acordar qué impuestos y qué porcentajes corresponderán a cada administración.
Además, Catalunya aportará al fondo de solidaridad, respetando el principio de ordinalidad, y el Gobierno transferirá recursos por las competencias ya asumidas, como lengua o seguridad.
El pacto incluye la previsión de que, en el futuro, la Agència Tributària de Catalunya (ATC) sea la encargada de recaudar todos los tributos en territorio catalán. Aunque trabajará de forma independiente de la Agencia Tributaria estatal, ambas cooperarán para garantizar la conexión entre sistemas.
No obstante, desde el Govern reconocen que la ATC aún no está preparada para asumir esa tarea, al carecer de plataforma tecnológica, personal y experiencia suficientes.
Está previsto que la próxima semana la consultora Indra entregue a la Generalitat el plan director que definirá los pasos para fortalecer la ATC y su hoja de ruta para convertirse en la recaudadora oficial.
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