El 'caso Koldo' se estrecha: la UCO sitúa a Cerdán en el flujo económico entre Servinabar y Acciona

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la empresa Servinabar, vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán, percibía “el 2% neto” de las adjudicaciones obtenidas por Acciona Construcción. Así figura en el último informe entregado al Tribunal Supremo dentro de la investigación del caso Koldo, centrada en los presuntos amaños de obra pública que habrían favorecido a ambas compañías.

Según el documento, los agentes observan una “operativa común” en distintos proyectos: las empresas suscribían un memorándum de entendimiento antes del inicio de los expedientes de obra y, una vez Acciona lograba la licitación, se firmaba un contrato de prestación de servicios que aseguraba a Servinabar ese 2% del importe adjudicado.

De acuerdo con la UCO, esa relación económica representó “al menos el 75,33% de los abonos percibidos” por Servinabar, administrada por Antxon Alonso, convirtiéndose en su principal vía de financiación. Los investigadores recuerdan que Cerdán adquirió en 2016 el 45% de la sociedad, cuya colaboración con Acciona se remontaría a 2015, cuando Alonso y el exdirectivo Justo Vicente Pelegrini firmaron un acuerdo para “explotar futuras oportunidades de negocio”, participar conjuntamente en licitaciones y permitir la subcontratación de trabajos.

La UCO detalla que la cooperación se articuló principalmente a través de Pelegrini, Alonso y Cerdán, si bien participaron también otros responsables de la constructora, como Tomás Olarte, Manuel José García y Fernando Merino, todos ellos investigados.

El primer proyecto derivado de aquel acuerdo fue Mina Muga, donde los agentes destacan el papel de intermediación de Alonso y Cerdán ante la Administración. La UCO señala además diversos encuentros en junio de 2019 entre Cerdán, Alonso y Pelegrini, coincidiendo con los procesos de licitación de obras en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat, adjudicadas posteriormente a Acciona.

Según el informe, de estas adjudicaciones se habrían originado presuntos pagos al exministro José Luis Ábalos y a su entonces asesor Koldo García, supuestamente gestionados por Cerdán, en línea con lo recogido en el documento que motivó su imputación.