Bruselas observa un “acuerdo político” detrás de la amnistía

La Comisión Europea puso ayer en duda ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que “es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España”, al tiempo que consideró que su tramitación por la vía de urgencia ha “ahondado la división profunda” en la clase política, las instituciones y la sociedad española, pese a las recomendaciones de órganos consultivos como la Comisión de Venecia.

Así lo expuso el abogado que representa al Ejecutivo comunitario en la vista celebrada sobre la cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas, que debe dirimir sobre la responsabilidad contable del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y otras personas en el uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017 -declarado ilegal por el Tribunal Constitucional- y apoyar la acción exterior del “procés”.

En su exposición, el letrado comunitario repasó las orientaciones escritas que ya remitió al Alto Tribunal, en las que definía la ley como una “autoamnistía” porque fue parte de un “acuerdo político” para asegurar la investidura de Pedro Sánchez y porque para salir adelante fueron “fundamentales” los votos de sus beneficiarios.

Interés general

“No parece que la ley responda efectivamente a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España. Además, las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación”, expuso Carlos Urraca Caviedes durante la vista celebrada en Luxemburgo.

En este contexto, el abogado consideró que, siguiendo las consideraciones de la comisión de Venecia, hay respaldo para considerar que las “autoamnistías” en las que “quien ostenta el poder político pretende blindarse, garantizándose su inmunidad jurídica, son contrarias al principio del Estado de Derecho”.

Además expuso que el principio de proporcionalidad exige que la amnistía propuesta sea un “medio adecuado para alcanzar, en última instancia, un objetivo legítimo” y apunta al respecto que corresponde al Tribunal de Cuentas determinar si las “limitaciones” que la ley introduce a los “principios de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley” cumplen con estos requisitos.

El equipo legal de la Comisión apuntó “dudas” sobre el requisito de que las disposiciones de la ley sean “claras y precisas” respecto de su alcance que también recomendó la comisión de Venecia, en particular, explicó Urriaca Caviedes, si la amnistía da lugar a exenciones de responsabilidad cuestionables.