Begoña Gómez se suma a la querella contra el juez por prevaricación y revelación de secretos

La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó una querella contra el magistrado que la investiga, Juan Carlos Peinado, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la presunta comisión de delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, prevaricación judicial y revelación de secretos por funcionario público. Esta querella se suma a la que presentó hace tres días la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno contra el mismo juez por un presunto delito de prevaricación.

El letrado, Antonio Camacho, explica en el escrito de 53 páginas, que el juez pudo cometer el delito de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas en el momento en el que las pesquisas eran aun unas diligencias previas. Sostiene que habría trasladado a las acusaciones populares -Vox, Movimiento de Regeneración Política de España y Manos Limpias- esas actuaciones procesales y esto propició que las mismas fuesen publicadas por diferentes medios de comunicación.

“A pesar de la declaración como secreta de la causa, lo cierto es que la causa incoada fue de conocimiento general para toda la ciudadanía desde el 24 de abril, con la consecuencia, para nuestra representada, de verse como parte de un procedimiento penal, pero sin gozar de todas las garantías para su defensa desde su incoación, y enterándose de los avatares de su proceso por los medios de comunicación”, lamentó.

Perjuicio grave

A su juicio, la actuación del juez perjudicó gravemente a Begoña Gómez, puesto que se divulgaron informaciones y actuaciones declaradas secretas, mientras ella desconocía todos los extremos de la investigación, causándole indefensión. “Pese a ser la causa secreta era transmitida en directo por los medios de comunicación”, ironizó.

Añadió también como ejemplo de esta revelación que el propio servicio de prensa del TSJM informó a los medios de esta “causa secreta” y daba a conocer “quién interpuso la denuncia que dio lugar a las actuaciones, los delitos que eran objeto de investigación y contra quién se dirigían”.

“Los indicios apuntan a que esta información también partía del Magistrado instructor Juan Carlos Peinado, pues necesariamente éste tuvo que dar la autorización para su publicación y el traslado de la información (...) al gabinete de comunicación”, advirtió.

Camacho explica que a lo largo del proceso el juez Peinado adoptó decisiones judiciales “arbitrarias y manifiestamente injustas” mediante la emisión de resoluciones judiciales o adopción de decisiones comunicadas de forma verbal. Esta conducta, a juicio de Camacho, podría suponer la comisión de un delito continuado de prevaricación por parte del magistrado Peinado”, indicó.

“Si bien en este momento no podemos determinar si estas decisiones tienen la finalidad premeditada de buscar un impacto político y social, o si tan sólo obedecen a un desmedido afán de protagonismo mediático, lo cierto es que existen indicios evidentes de que son adoptadas de forma arbitraria e injusta”, resaltó.