Anticorrupción descarta que Pedro Sánchez liderara la trama y sitúa a Ábalos como figura clave

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha rechazado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ejerciera como líder de la presunta trama de corrupción investigada en torno a la compra de mascarillas durante la pandemia, situando en cambio al exministro José Luis Ábalos como “pieza clave” de una organización que califica de criminal.

Ábalos, Koldo y Aldama: los ejes de la presunta trama

Durante su informe final en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo, Luzón ha afirmado que no se puede establecer una jerarquía simplista, pero ha sido tajante al negar el papel que el empresario Víctor de Aldama atribuyó a Sánchez.

El fiscal ha descrito una estructura en la que Ábalos era considerado “jefe”, apoyado por su exasesor Koldo García, definido como su “interlocutor natural”, mientras que Aldama actuaba como “elemento corruptor”, facilitando pagos para influir en decisiones administrativas.

Una red nacida en el Ministerio de Transportes

Según Anticorrupción, la presunta organización se gestó en el seno del Ministerio de Fomento —posteriormente Transportes— tras la llegada de Ábalos en 2018, a partir de relaciones personales que derivaron en un “común lucro”.

El fiscal ha subrayado que la trama operaba con códigos propios para referirse al dinero —como “chistorras”, “lechugas” o “café”—, lo que evidenciaría, a su juicio, la conciencia de ilegalidad de sus integrantes.

Pagos, contratos y “confusión patrimonial”

Luzón ha puesto el foco en una “palmaria confusión patrimonial” entre Ábalos y Koldo, al detallar que el exasesor asumía gastos personales del exministro sin compensación, cifrados en al menos 94.800 euros.

También ha señalado como indicios relevantes los pagos mensuales de 10.000 euros que Aldama reconoce haber realizado, así como un supuesto acuerdo privilegiado en la adjudicación de contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión.

En paralelo, ha vinculado el inicio de la presunta corrupción al pago de un piso para la expareja de Ábalos y a su contratación en empresas públicas, donde —según sostiene— se ejercieron presiones desde el entorno del exministro.

Penas elevadas y defensa de la colaboración judicial

La Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 para Koldo García y 7 para Aldama, diferencias que justifica por el distinto grado de implicación en los delitos.

Luzón ha defendido además la importancia de incentivar la colaboración de implicados, abriendo la puerta a posibles atenuantes en el caso del empresario si su confesión resulta determinante y está corroborada.

Advertencia sobre el impacto de la corrupción

En la parte final de su intervención, el fiscal ha lanzado un mensaje contundente sobre el alcance del caso: ha advertido de que se trata de una “corrupción organizada desde un ministerio” que erosiona la confianza ciudadana y “deslegitima el Estado de derecho”.

Por ello, ha reclamado una respuesta firme de la Justicia, insistiendo en que “solo una reacción contundente contra la corrupción puede frenarla”.