Aldama dice que Ábalos pagó en "b" un bajo comercial
Afirma ante el Supremo que él mismo modificó el “contrato original” para ocultar los pagos en efectivo
El presunto conseguidor del “caso Koldo”, el empresario Víctor de Aldama, informó al Tribunal Supremo (TS) de que el exministro de Transportes José Luis Ábalos pagó en “b” parte de un bajo comercial que adquirió en Valencia en plena pandemia junto a su entonces mujer, Carolina Perles.
En un escrito, De Aldama se hace eco de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que refleja que en una cuenta bancaria del matrimonio consta un ingreso de 50.000 euros en concepto de préstamo, así como la emisión de dos cheques bancarios por un total de 77.215 euros, para la empresa Metalúrgica de Cerrajera del Mediterráneo.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil vinculó estos movimientos de dinero a la compra de dicho local por 90.000 euros el 8 de julio de 2020, si bien reflejó que en un ordenador portátil incautado en casa de De Aldama se encontró el contrato de esa operación inmobiliaria pero con fecha de 23 de marzo de 2020 y por un precio de 110.000 euros.
Entonces, la Guardia Civil dedujo que “los cheques reseñados se corresponderían con el pago de parte de los 90.000 euros a satisfacer el 8 de julio de 2020”, indicando que, respecto a los 20.000 euros restantes, “analizadas las cuentas bancarias vinculadas a Ábalos, no se localizaron movimientos que pudieran constituir el pago de estas arras, desconociendo si se habría producido y en qué condiciones”.
Nuevo escrito
En este nuevo escrito, que dice aportar para “auxiliar a la investigación”, De Aldama explica que esa diferencia de 20.000 euros se debe a que el “contrato original”, como se refiere al fechado el 23 de marzo de 2020, se enmendó el 4 de abril de ese año, para modificar “a la baja” el precio de compraventa, desde los 110.000 a los 90.000 euros que se reflejaron en la escritura pública el 8 de julio. De Aldama aporta al Supremo ese contrato modificado y el correo electrónico en el que una empleada suya se lo envía. “Jefe. Ahí está el contrato. He cambiado otra cosa respecto al original. Si quieres te cuento cuando lo leas”, reza el “email”.
La defensa del empresario afirma que estos documentos no solo acreditan que De Aldama participó en “la confección de las distintas versiones de dicho contrato, pese a que “no intervenía formalmente” en la operación, sino que “la razón de la modificación del contrato no fue otra que la de adaptar el texto a la cantidad por la que se otorgaría la escritura pública de compraventa, y no dejar constancia de los pagos en efectivo al vendedor, siendo el precio real notoriamente superior”.
El PP cree que “la financiación irregular sobrevuela al PSOE”
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, aseguró ayer que la financiación irregular “sobrevuela” al PSOE y subrayó que el comisionista Víctor de Aldama “ha dicho más verdades” que el exministro José Luis Ábalos y que el actual titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Además, avisó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que la “corrupción” que afecta al PSOE no está “amortizada” sino que le pasará factura en las urnas.
En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz criticó que “algunos” estén “pretendiendo instalar la idea de que “ya está amortizada la corrupción para la izquierda”, “que no pasa nada” porque el país ya lo “tiene asumido” y que no va a tener coste electoral. “¿Pero en tan poca consideración tienen a los españoles que se creen que no les va a costar políticamente haberse llevado dinero de los contribuyentes y haber contratado a prostitutas en empresas públicas? ¿De verdad se creen que esto no les va a costar? Para el PP desde luego tiene un coste y lo vamos a ver reflejado en las próximas elecciones”, advirtió.
Tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los pagos en metálico en el PSOE sin respaldo documental, Muñoz hizo hincapié en que los socialistas tienen un “problema”: “poder acreditar que toda” su financiación es “legal” y está “acreditada ante el Tribunal de Cuentas”. Agregó que van a tener que explicar “no solamente los pagos en metálico” sino “si el origen de ese dinero era legal”.
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