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José Ramón Blanco Balín, exasesor fiscal del principal acusado por la trama “Gürtel”, Francisco Correa, declaró que este “se vanagloriaba de no presentar declaraciones” de la renta en España frente a Rodrigo Rato, “antes de que fuese ministro de Hacienda”. “Siempre presumía y Rato conocía que no pagaba”, manifestó Blanco Balín ayer en la tercera sesión del último juicio de la “Gürtel” en la Audiencia Nacional. No obstante, reconoció que él recomendó a Correa presentar las cuentas: “Durante los años que estuve con él le aconsejé en diferentes momentos que presentara declaraciones complementarias de los años correspondientes”.
El acusado ratificó el escrito en el que reconocía su autoría en los hechos con el fin de obtener una rebaja de su condena y renunció a su derecho a la última palabra. Con él, ya declararon 22 de los 25 acusados, de los cuales 20 reconocieron su autoría en el entramado de ocultación de fondos de Correa y Pablo Crespo, su principal socio. El juez instructor de la causa, José de la Mata, calculó en unos 24,8 millones de euros en concepto de IRPF el dinero defraudado, obtenido mediante el cobro de “comisiones por adjudicación de obras públicas” y “el fraude a la Hacienda Pública”, según declaró el martes Crespo.
De la Mata también subrayó el papel de Blanco Balín como cooperador en la trama, alegando que “su papel ha sido absolutamente relevante en el diseño de la defraudación”. Y añadió que “eran asesores en materia de planificación fiscal y expertos en la creación de sociedades pantalla con finalidad de opacidad fiscal”. Uno de los acusados que no reconoció su autoría en el entramado fue Jesús Calvo Soria que, según manifestó ayer en su declaración, era compañero de trabajo de la mujer de Correa.
Preguntado por su participación en una empresa que formaba parte del entramado, Calvo Soria manifestó que no podía saber la procedencia del dinero de Correa. También rechazó su derecho a la última palabra. “Yo estaba delante de un profesional de éxito, de un empresario de éxito”, explicó Calvo Soria. “¿Qué instrumentos tenía (para saber) si ese dinero es lícito o ilícito?”, respondió a la Fiscalía.
El acusado mantuvo su inocencia en el caso pese a que la Fiscalía aportó documentos con su firma, que él mismo reconoció. Sin embargo, manifestó que él no firmó dichos papeles y aludió a su experiencia como interventor en el sector público. “¿Cómo voy a firmar un documento sin fecha?”, espetó. Y continuó: “Esa es mi firma. Pero es que jamás se me ocurriría firmar un documento sin fecha”. Según la Fiscalía, que antes de los pactos de conformidad pedía 77 años a los principales acusados, desde al menos finales de 1998 y hasta 2009, Correa encabezó un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos.
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