Ábalos, Koldo y Aldama, a juicio en abril en el Supremo

El Tribunal Supremo tiene previsto juzgar el próximo mes de abril al exministro José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Fuentes jurídicas informan que, antes, el alto tribunal celebrará el 6 de febrero a las 10,00 horas una audiencia preliminar en la que escuchará las cuestiones que planteen las defensas. En el caso de no prosperar, el Supremo juzgaría a los tres acusados en el mes de abril, aunque los días están aún por determinar, han indicado.

Dicha audiencia preliminar se enmarca dentro de la Ley de Eficiencia de Poder Judicial. El artículo 785 reza que la celebración de la audiencia preliminar “requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor”, por lo que Ábalos, Koldo y Aldama tendrían que asistir a la vista.

Y añade que las partes “podrán exponer lo que estimen oportuno” antes de la celebración del juicio. Concretamente, señala aspectos relacionados con “la posibilidad de conformidad del acusado o acusados, la competencia del órgano judicial, la vulneración de algún derecho fundamental, la existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio oral, nulidad de actuaciones, así como sobre el contenido, finalidad o nulidad de las pruebas propuestas”.

“Podrán igualmente proponer la incorporación de informes, certificaciones y otros documentos. También podrán proponer la práctica de pruebas de las que las partes no hubieran tenido conocimiento en el momento de formular sus escritos de acusación o defensa”, indica ese artículo.

Vista

Una vez celebrada la vista, el juez o tribunal “examinará las pruebas propuestas y resolverá admitiendo las que considere pertinentes y rechazando las demás” , precisa. Lo hará, según el mismo artículo, “de forma oral”, salvo que, “por la complejidad de las cuestiones planteadas”, hubiera de hacerlo por escrito.

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

Según una providencia, los magistrados que celebrarán el juicio serán el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.

Concertación

El magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente, acordó procesar a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama al considerar que “se concertaron” para aprovechar la condición del entonces ministro y su “influencia” para “beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades”.

El tribunal ya dividió la causa

Aunque la causa más conocida es la derivada de la compra de mascarillas durante la pandemia, el denominado caso Koldo se ha ramificado en varias investigaciones separadas que afectan por separado y junto a ellos a Ábalos, Koldo y Aldama. Una de esas piezas abiertas es la de las presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública y otros contratos públicos fuera del ámbito sanitario, que está siendo instruida como una causa distinta dentro del mismo macroprocedimiento.

El Tribunal Supremo dividió la causa principal a petición del juez instructor para que, además de los contratos de mascarillas, se investigue la adjudicación presuntamente ilícita de contratos de obra pública y otros beneficios concedidos a empresas vinculadas a los investigados. En esta pieza separada figuran como investigados José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García Izaguirre, Víctor de Aldama, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y varios empresarios, por supuestas mordidas y acuerdos para favorecer adjudicaciones.

Según esta línea de investigación, la UCO ha detectado indicios de favorecimiento en adjudicaciones de obras públicas y contratos de servicios, donde los investigados podrían haber intervenido para beneficiar a determinadas empresas a cambio de pagos, comisiones o beneficios indirectos, aunque esta pieza aún se encuentra en fase incipiente de instrucción y no ha llegado a juicio.

En esta misma pieza, se incluyen otras conductas que no tienen que ver con la compra de material sanitario, como la contratación de personas vinculadas sentimentalmente a Ábalos en empresas públicas sin concurso real o la facilitación de reuniones y gestiones a favor de ciertos empresarios que podrían estar vinculadas a delitos de tráfico de influencias, malversación o prevaricación.