Ábalos acusa al juez de un uso irrazonable del derecho

Demanda ser puesto en libertad y denuncia la “base de vaguedades y excusas procesales”

El exministro de Transportes José Luis Ábalos a su salida del Tribunal Supremo
El exministro de Transportes José Luis Ábalos a su salida del Tribunal Supremo

El exministro José Luis Ábalos recurrió su ingreso en prisión por el “caso Koldo” acusando al juez del Tribunal Supremo que acordó la medida de realizar un “uso irrazonable del derecho” por enviarle a la cárcel con una “base de vaguedades y excusas procesales”.

En su recurso su defensa pidió a la Sala de lo Penal del alto tribunal que se acuerde la libertad de Ábalos descartando que exista riesgo de fuga ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra por presuntos amaños en los contratos públicos del Ministerio de Transportes para la compra de material sanitario.

En ese escrito, su abogado sostuvo que, “ante la ausencia de cualquiera de las finalidades propias de la prisión provisional, resulta inevitable no pensar en que la medida cautelar únicamente tiene como objetivo fomentar una declaración colaborativa al estilo de la del empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, tras su paso por un centro penitenciario”.

Minusvaloraciones

Y es que, según su abogado, el juez minusvaloró la “realidad de los vínculos laborales, familiares y sociales” de Ábalos. Así, recordó que el exministro tiene un “hijo menor que está a su cargo los fines de semana” y aseguró que el exdirigente socialista “tiene residencia fija en territorio español, sobradamente conocida por todos”.

“Toda privación de libertad cautelar se sujeta al principio de excepcionalidad, siendo prioritaria la exploración de alternativas menos restrictivas. Cuando se pasa de una situación a otra sobre la base de vaguedades y excusas procesales, no se está respetando el artículo 17 de la Constitución española. El riesgo de fuga debe ser real, palpable y reconocible por cualquier tercero, incluso lego en derecho”, sostuvo el recurso.

En este contexto, su defensa aseveró que “cuando se aleja la medida adoptada de los límites del sentido común, se acerca a un uso irrazonable del derecho, que es, cabalmente, lo que aquí ha ocurrido”.

A su juicio, “la presunta existencia, en su día, de inmuebles” propiedad del exministro “en países como Perú y Colombia como indicativo de un peligro de fuga supone una ignorancia supina acerca de los instrumentos extradicionales existentes”.

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