La Xunta aboga por impulsar la acuicultura y abandonar el sistema de cuotas en la reforma pesca Política Pesquera Común

La conselleira del Mar, Rosa Quintana, explicó las consideraciones de su departamento al Libro Verde de la nueva Política Pesquera Común (PPC), sobre la que se presenta un documento en París para que todas las regiones de la comisión del arco atlántico trabajen sobre él y esté finalizado en diciembre.

La Xunta trasladará sus consideraciones a los grupos parlamentarios y organizaciones relacionadas con la pesca para que hagan sus aportaciones en un tema que ha tomado con ‘mucho interés’ porque ‘se juega el futuro de la pesca para Galicia’, por lo que Quintana apeló al consenso para que los intereses gallegos sean defendidos en Europa ‘como se merecen’.

En el marco de integrar la acuicultura como ‘pilar fundamental’ de la PPC por ser generadora de riqueza y empleo, la conselleira trasladó el apoyo del Gobierno gallego a un nuevo proyecto de Pescanova en Touriñán, un respaldo que ya manifestó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el pasado 22 de junio en Madrid, y subrayó que estudia ‘cómo dar respuesta jurídica’ para que empresas que quieran poner en marcha nuevos proyectos puedan hacerlo.

Sobre el nuevo sistema de regulación por esfuerzo pesquero, Quintana alegó que con él se atajarían dos problemas ‘preocupantes’, que son el exceso de capacidad de la flota y los descartes.

En cualquier caso aclaró que no apuesta por el descenso de cuotas de capturas pero sí por adaptar la dimensión real de la flota a esas cuotas de capturas.

Por ello, la Xunta redactó un plan de adaptación de la flota para que ésta sea más eficaz y competitiva, de forma que las embarcaciones sin capacidad de pesca se acojan a fondos comunitarios para despiezar la flota y sus derechos puedan ser comprados por las empresas activas.

Antes de elaborar su postura, el Gobierno gallego realizó un diagnóstico del ámbito pesquero en el que concluyó que es ‘poco competitivo’ y sufre ‘graves problemas económicos’, sus recursos no están asignados de una forma eficaz, no hay plena movilidad de medios de producción, no es atractivo para los jóvenes, su normativa es ‘extremadamente complicada’ y falta poder de control.

Ante esta situación, la Xunta defiende un reconocimiento del estatus especial para la pesca de bajura, con una definición del concepto y de la zona exclusiva de la pesca artesanal y de marisqueo válido en la Unión; planes que incluyan medidas locales que aseguren la sostenibilidad socio-económica y que cuenten con financiación; y un mercado único y abierto pero con normas de competencias justas.

Así, habría que cerrarlo a productos que no estén sujetos a las mismas normas sanitarias y de calidad que los productores europeos y prestar atención a aquellos productos procedentes de la pesca ilegal, por lo que consideró que hay que aplicar un plan de acción para combatir este tipo de pesca ‘no declarada ni reglada’.

También es partidario el Gobierno gallego de hacer este sector atractivo para los jóvenes y de formar a estos trabajadores para que tengan una cualificación profesional, algo que consideró ‘clave’ para contar con una productividad elevada.

‘El único objetivo por el que debe guiarse la PPC es actuar en favor de los intereses pesqueros comunitarios’, subrayó Quintana, quien insistió en que la Unión debe ‘implicarse más’ en las pesquerías internacionales y ‘negar el derecho de entrada’ a productos que no se obtengan de una forma sostenible y que incumplan las normas.

En cuanto a la financiación, Quintana explicó que la posición de la Xunta pasa por elaborar políticas ‘con pasos concretos’ más que por políticas aisladas, y sobre las empresas se mostró partidaria de que se promueva un tamaño adecuado y de que, en el caso de la concentración, sea ‘armónica’ en el litoral europeo.