Europa consuma hoy su golpe mortal para la pesca pese al rechazo unánime
MAR
Entra en vigor el veto que impide faenar a la flota en 87 zonas de España, Portugal, Francia e Irlanda. Ni la autorización parcial en 41 áreas, ni el anuncio de un recurso a la justicia, ni la condena total de instituciones han impedido que 200 pesqueros gallegos deban cambiar de caladeros. El sector manifestó su protesta ayer en Ribeira
El veto a la pesca de fondo de la Comisión Europea entra hoy en vigor tras recibir un rechazo unánime por parte de las administraciones de los países afectados, todos los grupos políticos, las patronales de la pesca y los sindicatos. La medida afecta a 87 zonas del Atlántico nororiental situadas en aguas de España, Portugal, Francia e Irlanda, en las que se impide desde hoy la pesca con artes que mantengan contacto con el fondo marino como el palangre, la volanta o el arrastre en profundidades superiores a los 400 metros.
El rechazo a esta medida por parte del Gobierno llegó ya en el mes de junio, cuando se votó en Europa esta medida, que también contó con el rechazo de Irlanda y once abstenciones, un resultado de “no opinión”, de acuerdo al procedimiento de funcionamiento regulado por Europa. El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, aseguró que esta medida es “profundamente injusta para el sector pesquero” y que la información científica que sustenta la decisión del Ejecutivo europeo es “insuficiente y anticuada”, ante lo que anunció que el Gobierno presentará un recurso al Tribunal de Justicia de Europa.
A su vez, el líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunió en Vigo con el sector hace una semana y señaló es una medida “equivocada, precipitada y fuera de contexto” y alertó de que “va a limitar la oferta de pescado en la Unión Europea”.
Desde Galicia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también manifestó de manera reiterada su oposición a esta medida, que considera que “supone un golpe mortal para la flota gallega y para muchos otros que se van a ver indirectamente afectados” y criticó que el reglamento contiene “muchas disposiciones injustas”.
Una posición que compartieron todos los grupos del Parlamento gallego. La portavoz del BNG, Ana Pontón, criticó que el veto “va en contra de los intereses de la pesca gallega, de la creación de empleo y de la generación de riqueza”, mientras que el secretario del PSdeG, Valentín González Formoso, también lamentó que el veto no tuviera en cuenta el “impacto socioeconómico” sobre los territorios europeos.
En Vigo, el alcalde Abel Caballero también manifestó su rechazo a la normativa y calificó la decisión de “errónea” y “profundamente equivocada” y advirtió de que el cierre de esas zonas no está avalado por informes científicos y adolece de “falta de rigor”.
El presidente de la patronal pesquera Cepesca, Javier Garat, señaló en una visita a Vigo que la veda “tiene un impacto brutal” y criticó que “las consultas de Europa al sector pesquero han sido ridículas”.
En esta misma línea, el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, Javier Touza, alertó del gran impacto que provocará esta medida en la flota, que afronta “una tormenta perfecta” y señaló que tras su entrada en vigor Europa “va a depender cada vez más de importaciones de países terceros” que “muchas veces no cumplen con los estándares de protección medioambiental o de sostenibilidad”.
Además de políticos y armadores, científicos del IEO también criticaron la interpretación realizada por Europa de los informes en los que se basa la medida y sindicatos como la CIG, anunciaron movilizaciones y recursos judiciales.
Clamor en la calle por las limitaciones al arrastre, que afectarán a 200 buques gallegos
Varios centenares de personas protestaron ayer, sábado, en Galicia contra el veto europeo a la pesca de arrastre, en una movilización que ha reunido en Ribeira a los partidos con representación en el Parlamento -PPdeG, PSdeG y BNG-, sindicatos y miembros del sector.
Con la entrada en vigor de la prohibición de la pesca de fondo en 87 zonas, el sector espera poder cuantificar el impacto económico final que tendrá la aplicación de esta medida. En Galicia, la Consellería do Mar estimó que tan solo en esta comunidad podría suponer un coste de más de 800 millones de euros.
Por el momento, hay menos dudas sobre el número de embarcaciones que se verán obligadas a cambiar de caladeros con motivo de este veto. Según la patronal pesquera Cepesca, en toda España serían 500 las embarcaciones afectadas, mientras que en Galicia el sector estima que más de 200 pesqueros faenan en estas aguas.
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