Uruguay tiene cinco ofertas de patrulleras tras anular Cardama

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, confirmó que su Gobierno ya analiza al menos cinco ofertas para la adquisición de buques de patrulla oceánica. Este anuncio se produce tras la reciente rescisión del contrato con el astillero vigués Cardama. El mandatario señaló que el objetivo es seleccionar las dos mejores opciones antes de que finalice febrero. "Por comprar barato no podemos cometer los errores que se han cometido otras veces", afirmó Orsi, subrayando que la transparencia y la experiencia probada de los astilleros serán condiciones innegociables.

El mandatario señaló que este mes seleccionarán dos de las opciones que hoy tienen sobre la mesa y, según dijo, al menos una de las propuestas que se manejan es de una empresa española.

Al ser consultado sobre qué condiciones deberán cumplir las empresas oferentes, el mandatario dijo que espera "transparencia". "Por supuesto que hay un tema de costos que uno tiene que analizar, pero por comprar barato no podemos cometer los errores que de repente se han cometido otras veces", afirmó Orsi, quien resaltó que "lo importante es que sean empresas que estén acostumbradas a hacer estas cosas".

Orsi insistió en que faltan recursos para asegurar el control costero en el país suramericano, pero que no bastará con la compra de las OPV, por lo que también buscarán adquirir lanchas rápidas para asegurar el control del río Uruguay y la costa oceánica.

El pasado 13 de febrero, el presidente confirmó la rescisión del contrato con Cardama y el inicio de acciones "para recuperar el patrimonio" del Estado y adquirir las patrullas oceánicas.

Entre las cinco propuestas actuales habría una de astilleros españoles, pero también de China, una de las opciones más fuertes con financiación flexible, EE UU y Colombia. Antes de este anuncio, Orsi se refirió a propuestas de Argentina, Francia y Países Bajos.

El presidente insistió en que las OPV son solo una parte de la solución. El plan estratégico hacia 2030 incluye también la adquisición de lanchas rápidas para el control del río Uruguay y la costa oceánica, buscando paliar la actual falta de recursos para custodiar la soberanía marítima.

Por otro lado, el Gobierno uruguayo ahora inicia acciones judiciales para "recuperar el patrimonio" afectado por el contrato anterior, mientras intenta cerrar un acuerdo definitivo.