La tasa a energéticas bonifica el 60% de inversión estratégica

El nuevo gravamen temporal sobre los principales operadores energéticos para 2025 contará con una bonificación máxima del 60% sobre la cuantía del impuesto para aquellas empresas que realicen inversiones estratégicas. Se considerarán como tales aquellas inversiones que sean “esenciales” para la transición ecológica y la descarbonización y que, por su magnitud, contribuyan al crecimiento económico y el empleo, ya se realicen en activos fijos o tecnológicos comprometidos en proyectos industriales.

Dichas inversiones pueden ir desde la producción de hidrógeno renovable a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás. Así lo recoge el Real Decreto-ley aprobado el lunes por el último Consejo de Ministros del año. En el texto se recoge el compromiso del Gobierno de “revisar” en el ejercicio fiscal 2025 la configuración de este gravamen temporal para convertirlo en un impuesto permanente que “se concertará o conveniará” con País Vasco y Navarra.

En concreto, según consta en la norma aprobada, el Gobierno realizará un estudio de los resultados del gravamen en el último trimestre de 2025 para evaluar su mantenimiento con carácter permanente. Para ello, explica, se considerará la situación de los sectores afectados, la evolución de los precios de los productos energéticos y el efecto acumulativo del gravamen junto con el Impuesto sobre Sociedades. La idea inicial del Ministerio de Hacienda era prorrogar el gravamen que estaba vigente hasta el 31 de diciembre de este año, compromiso que adquirió con ERC, Bildu y BNG. Pero esa tasa quedó derogada el pasado sábado con la entrada en vigor de la reforma fiscal, que incluía una disposición para ese propósito que consiguió prosperar en las Cortes por los apoyos de PP, PNV y Junts.

Descarbonización

El gravamen incluye dos características para intentar sumar el apoyo de PNV y Junts en la convalidación del decreto en el Congreso: una es que se introduce una deducción aplicable cuando se realicen inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y descarbonización, algo que el Ejecutivo pactó en un inicio con los catalanes; y otra para convertir el gravamen en impuesto, para atraer el voto de los vascos.

Al igual que el gravamen a las energéticas que ha quedado derogado, el nuevo impuesto grava un 1,2% la facturación obtenida en aquellas empresas energéticas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares.

La novedad principal respecto al impuesto anterior son las bonificaciones que podrán aplicarse las empresas si realizan inversiones estratégicas. En concreto, el impuesto a pagar y, en su caso, el pago anticipado del mismo, se minorará “en el importe de la dotación de una reserva indisponible para la realización de inversiones estratégicas”, sin que la reserva indisponible dotada pueda generar más de una deducción en el gravamen temporal energético.