Ruz sienta en el banquillo a la cúpula de la caja manchega

n n n El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sienta en el banquillo de los acusados al expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó, exdiputado del PSOE, y al exdirector general Ildefonso Ortega y les impuso una fianza solidaria de 138,2 millones que deberán depositar por el "perjuicio económico" que causaron a la entidad.

En un auto dictado ayer, el responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 dicta la apertura de juicio oral contra los dos máximos dirigentes de la entidad, la primera caja de ahorros española que fue intervenida y nacionalizada, en marzo de 2009, con un rescate de 9.000 millones de euros, para que sean juzgados por los delitos societarios de falseamiento de cuentas y administración desleal.

Además, el juez da diez días de plazo a los dos gestores de la caja para que, atendiendo a la "indemnización interesada" por el Banco Castilla-La Mancha, actual propietario de la entidad, presten la citada fianza de responsabilidad civil y les advierte de que, si no lo hacen en este plazo, serán embargados.

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de dos años y medio de cárcel para los dos acusados, a los que sólo atribuye el delito de falseamiento de cuentas, mientras que el Banco Castilla-La Mancha solicita una petición de pena de cinco años y medio y la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) un total de cinco años.

El instructor también da diez días a Hernández Moltó y a Ortega para que formulen escrito de conformidad o disconformidad con la acusación y les cita el próximo 19 de diciembre para notificarles el auto. Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, ambos llevaron a cabo "una maniobra contable" para que los estados financieros de la entidad reflejaran unos beneficios de 29,86 millones en lugar de 182,2 millones de pérdidas. El Banco de España cuantificó en 253,8 millones de euros las operaciones y los perjuicios económicos que los gestores causaron en la entidad.

En concreto, los gestores de CCM registraron el deterioro de las participaciones en tres sociedades inmobiliarias (Afirma, Colonial y Parquesol) como "ajustes de valoración dentro del patrimonio neto en lugar de incluirlo en la cuenta de resultados", que presentaba un saldo antes de impuestos de 93 millones de euros.n