Pesca, Gobierno y Xunta exigen en la UE excluir el palangre de las 87 zonas

El sector pesquero, el Gobierno y la Xunta cerraron ayer filas en Bruselas para reclamar a la Comisión Europea que excluya al palangre “piedra-bola” de las 87 zonas del Atlántico nororiental vedadas a las artes de fondo desde 2022. La medida afecta a alrededor de 60 buques que tienen la merluza como su principal especie objetivo.

La petición llega después de que el proyecto Ispamer, dirigido por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), concluyese que esta modalidad presenta un impacto prácticamente imperceptible sobre los ecosistemas marinos vulnerables.

La reclamación fue trasladada en un encuentro en el Parlamento Europeo, en Bruselas, y presidido por la eurodiputada Carmen Crespo, presidenta de la Comisión de Pesca de la Eurocámara. En la jornada participaron la secretaria general de Pesca, Isabel Artime; la conselleira do Mar, Marta Villaverde; representantes de Cepesca, Europêche y la organización de productores de Burela; científicos del IEO y eurodiputados como Francisco José Millán Mon, del PP; Nicolás González Casares, del PSOE; Oihane Agirregoitia, del PNV; o Ana Miranda, del BNG.

El sector y las administraciones buscan que el apoyo de la Eurocámara sea una presión definitiva frente a la Comisión Europea, de quien depende la decisión. Reclaman que cumpla el compromiso del comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, de revisar las restricciones si la evidencia científica demostraba un impacto reducido. Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de Europêche, considera que esa evidencia ya está sobre la mesa y que no tiene sentido aplicar al palangre las mismas restricciones que al arrastre. Sergio López, director gerente de la organización de productores de Burela, advirtió de que, con las pérdidas actuales, la continuidad de la flota “no es viable”.

El argumento central es científico. El IEO siguió durante tres años la actividad de siete barcos de Burela, con 55 mareas, 770 días de pesca y 1.493 operaciones observadas directamente por científicos y mediante monitorización electrónica. En más de 6,36 millones de anzuelos solo se registraron diez encuentros con especies indicadoras de ecosistemas marinos vulnerables. La tasa es de 0,0016 interacciones por cada mil anzuelos. El estudio también estima que, incluso en el supuesto extremo de que todos los pesos de un aparejo de hasta 30 kilómetros llegasen a tocar el fondo, la superficie máxima de contacto sería de 1,87 metros cuadrados por jornada.

El biólogo del IEO Pablo Abaunza subrayó que estos datos ponen de manifiesto la necesidad de que la legislación europea distinga entre modalidades de palangre y cuente con una terminología común que permita diferenciar este arte semipelágico de otros con un comportamiento sobre el fondo muy distinto como el arrastre.

Carmen Crespo defendió que la unidad entre administraciones, ciencia, instituciones europeas y sector debe servir para corregir una regulación injusta y con un fuerte impacto económico. También reclamó acelerar la revisión de las 87 zonas.

Desde el Gobierno, Isabel Artime sostuvo que el nuevo informe avala la posición española y el recurso presentado para anular el Reglamento de Ejecución, al considerar desproporcionadas sus consecuencias para artes selectivos como el palangre. A su juicio, cuando se aprobó la norma no se evaluó correctamente el impacto específico de cada arte.

La Xunta fue igualmente contundente. Marta Villaverde reclamó a Bruselas que “escuche a la ciencia” y corrija de inmediato las restricciones. Advirtió del coste económico de los cierres en puertos altamente dependientes de esta pesquería. Según los datos aportados por la Xunta, Burela y Celeiro han sufrido descensos de hasta el 31% en las descargas de merluza y del 39% en la facturación por barco.

563.185 euros menos al año por cada barco afectado

Los efectos de las vedas ocasionaron una reducción de las capturas en un 34% en la merluza y de la facturación promedio en un 36,5%, lo que ya ha llevado a abandonos e incluso a cambios a modalidades con un impacto mucho mayor sobre el caladero, cuestionando la subsistencia de muchos en las condiciones actuales y el impacto desproporcionado. La comparación entre los resultados de 2025 y el promedio de 2020 y 2021 refleja una pérdida de 563.185 euros de facturación anual por embarcación. Las restricciones también obligaron a realizar mayores desplazamientos y mareas más largas.