El “no” al decreto antiapagón penaliza a eléctricas en Bolsa

El sector eléctrico lideró en la jornada los descensos en el Ibex 35, lastrado por el revés que sufrió el decreto antiapagones del Gobierno en el Congreso de los Diputados. La incertidumbre política generó tensión en los mercados, especialmente entre los inversores vinculados a empresas energéticas. Endesa y Solaria registraron un retroceso del 3,6 % y del 2,74 %, hasta los 25,45 y 11 euros por acción, respectivamente. La presión sobre los valores del sector reflejó la preocupación de los mercados ante posibles cambios regulatorios que afectaran la rentabilidad.

Iberdrola fue suspendida de cotización por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras anunciar una ampliación de capital por 5.000 millones de euros, para invertir en redes eléctricas en Estados Unidos y Reino Unido. El anuncio buscó reforzar su posicionamiento internacional. En su vuelta al parqué poco después de las 15.00 horas, las acciones bajaron más de un 3 % y cerraron con un descenso del 4,69 %, a 15,15 euros por acción, el mismo precio que marcó la ampliación.

Redeia, matriz de Red Eléctrica de España, también cayó un 3,16 %, hasta los 17,44 euros por título. El mercado penalizó su perfil más regulado y su exposición a decisiones gubernamentales. Analistas advirtieron sobre el efecto contagio en otras cotizadas del sector.

Naturgy presentó resultados del primer semestre con un beneficio neto de 1.147 millones de euros hasta junio. Aun así, perdió un 0,94 % en la sesión, hasta los 27,28 euros por acción. El mercado no reaccionó de forma positiva a pesar del incremento del 10 % en ganancias. El Pleno del Congreso derogó el decreto para reforzar el sistema eléctrico y evitar apagones como el del 28 de abril. PP, Vox, UPN, Podemos, BNG, Junts y Jorge Pueyo votaron en contra. ERC, PNV, Bildu, Coalición Canaria y José Luis Ábalos a favor. El resultado fue de 183 votos en contra, 165 a favor y ninguna abstención.

"Problema multifactorial"

El 28 de abril la Península Ibérica se quedó sin luz. El Gobierno anunció un informe para evaluar las causas y plantear medidas que impidieran nuevos apagones. Casi dos meses después, el Ejecutivo concluyó que el apagón ocurrió por un “problema multifactorial” que provocó una “escalada de sobretensión” que “ni las empresas eléctricas ni Red Eléctrica pudieron controlar”. El decreto propuso reforzar la supervisión, rebajar un 80 % los peajes a la industria electrointensiva y facilitar la conexión de nuevas instalaciones. El Ejecutivo quiso también mejorar la seguridad del suministro ante posibles fallos sistémicos.

El texto también actualizaba la planificación de redes, impulsaba el almacenamiento, la hibridación con baterías y la electrificación industrial. Estas reformas formaban parte del compromiso del Gobierno con la transición energética.

El consenso técnico respaldó el decreto. Recibió apoyo de grupos ecologistas como Greenpeace, de asociaciones industriales como la AICE y de renovables como UNEF, AEE y APPA. “Era una oportunidad para avanzar en la modernización de las redes eléctricas”, señalaron desde el sector.