La negociación salarial del metal de la provincia entra en punto muerto

El incremento salarial para los 30.000 trabajadores que dependen del convenio del metal de la provincia de Pontevedra es el punto conflictivo sobre el que gira toda la negociación, que acaba de entrar en punto muerto.

En la reunión del pasado miércoles que se celebró en Vigo no hubo ningún avance y las partes están muy distantes, lo que aboca al sector al conflicto. “Con la propuesta actual, no firmaremos ningún acuerdo ni preacuerdo", coinciden en señalar los tres sindicatos, que lamentan que este bloqueo -el del incremento salarial- “condiciona toda la negociación y no permite avanzar en otros aspectos”. La parte empresarial defiende que se valore “el esfuerzo por parte de las empresas para alcanzar un convenio que aporte estabilidad, seguridad y solidez”.

Las patronales -Asime, ATRA e Instalectra- plantean una subida salarial del 13% en cuatro años y una cláusula de garantía vinculada al IPC con un tope del 2%. Los representantes de los trabajadores lo ven “inasumible” en un contexto económico tan incierto como el actual. “Nunca hubo un convenio tan largo, si es de cuatro años, tiene que ir asociado a una mejora económica mucho mayor. Solo así se conseguirá atraer el personal cualificado que tanto demanda el sector”, indica Cristian González, portavoz de UGT, que lamenta que el bloqueo en este punto “condiciona todo lo demás”, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral o la jornada continua en verano, entre otros aspectos.

En esta misma línea se manifiesta Xulio Fernández (CIG), que defiende “convenios cortos ante la situación actual de incertidumbre”. “La patronal nos da un acuerdo ya cerrado, llevamos las dos últimas reuniones sin ningún tipo de avance. Así es inviable que aceptemos”, argumenta.

Desde CC OO califican la propuesta empresarial como “totalmente regresiva” y convocó una asamblea de delegados para este viernes “para imponer medidas de presión”. UGT la hará el próximo martes, tras la reunión y, si no hay avances, valorará un calendario de movilizaciones o huelga. CIG, por su parte, ya tiene registrada una convocatoria de paro para el 7 de mayo.

La parte empresarial defiende “las propuestas aceptadas que configuran importantes avances para los trabajadores, no sólo en el ámbito salarial, sino también en el de la jornada y las licencias y la mejora, sobre todo, de la exposición al estrés térmico y una mejora importante de las categorías profesionales”.

Primer convenio de 4 años

Proponen un convenio con una vigencia de cuatro años “para garantizar un marco de estabilidad a largo plazo" y un incremento salarial de un 13% para los 4 años, una reducción de 8 horas de la jornada anual para 2028 y una diferenciación salarial entre oficial de primera y de segunda, otorgando al primero una subida del 0,5% en 2027, 2028 y 2029 (0,5% en cada ejercicio). También plantean un plus por trabajos especiales para los trabajadores del sector de la construcción y reparación naval y un plus de 50 euros al día por desplazamiento a países en conflicto bélico, junto con un aumento de las vacaciones anuales pasando de 23 a 24 días laborables. Los sindicatos reclaman rebajar más la jornada anual y regular los contratos fijos-discontinuos.