Más de 23.500 agentes vigilan la huelga de los transportistas

Un amplio dispositivo policial, integrado por más de 23.500 agentes de las fuerzas de seguridad del Estado más los de cuerpos autonómicos, trabajaron ayer para garantizar el abastecimiento de productos esenciales a la población durante la huelga de transporte, que se está desarrollando desde este lunes con algunos incidentes. Fuentes de Interior indicaron que hay desplegados por toda España 16.476 guardias civiles y 7.122 policías nacionales, a los que se suman efectivos de Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y la Policía Foral de Navarra.

Con este despliegue Interior pretende reforzar la seguridad en las plataformas logísticas de toda España y la red viaria para garantizar el suministro de bienes de primera necesidad, el funcionamiento de los servicios esenciales y el derecho al trabajo de los transportistas que no secundan la huelga.

Durante las dos últimas jornadas y especialmente ayer de madrugada, actuaron piquetes para evitar que los camioneros que no secundan los paros arrancaran sus vehículos. Las fuerzas de seguridad detectaron algunos incidentes y practicaron algunas detenciones, como el arresto de dos personas por lanzar piedras a camiones desde un puente de la autovía A-45, que une Córdoba y Málaga, en las cercanías de la localidad cordobesa de Lucena. Fueron detenidos por la Guardia Civil, un cuerpo que ayer detuvo a dos individuos por lanzar objetos puntiagudos sobre los camiones que circulaban por la autovía A-66, a su paso por Pola de Lena, en Asturias.

Piedras a los camiones

Precisamente, Asturias es una de las comunidades donde más están actuando los piquetes. En esa misma autovía se registraron daños a varios camiones por el lanzamiento de piedras, como ya ocurrió en las jornadas previas de la huelga. Así, las fuerzas de seguridad contabilizaron un gran número de piquetes violentos, detectaron una quema de neumáticos en la cuneta de la A-8 a su paso por El Franco y se incautaron 45 neumáticos y una garrafa de gasolina en la A-66. Y en León, se identificó a un grupo violento de once personas como presuntos autores de los delitos continuados de desórdenes públicos, daños y contra la seguridad vial cometidos con ocasión del paro en el sector de transporte terrestre en la provincia.

Todo esto ocurrió en la cuarta jornada de huelga convocada por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, que ayer negó cualquier vinculación con la ultraderecha tras las declaraciones de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que aseguró que “está claro quiénes son los que están amedrentando a los transportistas”, en referencia a la ultraderecha. Además, se referió a los miembros de la plataforma como “ultras que sustituyen la palabra por palos”.

La ministra Sánchez también aseguró que el Gobierno actuará con “contundencia” para evitar incidentes en las carreteras, pero también en la adopción de medidas “urgentes y necesarias” para el sector. “Trabajamos para recoger estas medidas en el Plan Nacional de Respuesta a la Crisis en Ucrania”, afirmó.

El Congreso convalida la norma sobre el transporte por carretera

El Pleno del Congreso convalidó ayer el decreto ley sobre el transporte de mercancías por carretera y funcionamiento de la cadena logística, que incluye, entre otras medidas, una revisión del precio del transporte por variación del precio del combustible. La aprobación de la norma obtuvo el respaldo de todos los grupos parlamentarios excepto de Vox, cuya portavoz, Patricia de las Heras, tildó el paquete de medidas como “deficiente e insultante” y animó a los transportistas a secundar la huelga convocada para mañana.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, defendió desde el estrado la norma que fue aprobada en Consejo de Ministros del pasado 1 de marzo, que incluye modificaciones en el funcionamiento de la cadena logística y medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. La ministra Sánchez recordó que el decreto ley recoge 20 medidas acordadas con el sector y cuyos objetivos, dijo, son “reequilibrar las asimetrías entre los actores, mejorar la competitividad y garantizar unas condiciones laborales adecuadas”.

El portavoz del Grupo Popular, Miguel Ángel Castellón, respondió a la ministra que “traen tarde y mal” la convalidación del real decreto a la Cámara Baja. Aún así, respaldó la norma pero solicitó al Gobierno una bajada del IVA que grava los combustibles al 4%.

Sobre la revisión de precios en los contratos de obra pública, Castellón recalcó que la nueva regulación limita la revisión al año 2021 “lo que significa un alivio pero no es la solución definitiva”, añadió.