Luz verde a investigar volframio y litio en la provincia de Pontevedra

La Xunta abre el concurso para 126 permisos de investigación, de los que 66 están en la provincia de Pontevedra, y que permitirán estudiar el potencial del subsuelo

Una cantera de granito en O Porriño.
Una cantera de granito en O Porriño.

El Consello de la Xunta dio luz verde esta semana a sacar a concurso 153 derechos mineros caducados en las cuatro provincias (26 permisos de investigación y 27 concesiones de explotación, estas últimas todas en A Coruña), donde los criterios sociales, económicos y ambientales serán determinantes.

Los 126 permisos de investigación, estudiar el potencial del subsuelo, se distribuyen entre las cuatro provincias. La de Pontevedra concentrará la mayoría, con 66 permisos de investigación; A Coruña con 29; Lugo, con 21, y Ourense, con 10.

En total, los permisos abarcan una superficie de 200.244,89 hectáreas, diez veces superior a la incluida en el concurso convocado en 2025.

La naturaleza de los recursos que podrán ser objeto de investigación varía en función de las características geológicas. Así, en Pontevedra será litio, volframio o estaño.

La investigación permitirá determinar el potencial de estos recursos y, en su caso, valorar su explotación. Así, las empresas podrán solicitar inicialmente un permiso de investigación para estudiar el subsuelo. De este modo, la autorización para investigar no supone automáticamente la apertura de una explotación minera, sino que constituye una fase previa destinada a conocer con precisión los recursos existentes y su viabilidad.

Se trata de recursos relevantes para la industria del siglo XXI. El litio, por ejemplo, es esencial para la fabricación de baterías; el volframio se emplea en herramientas, aleaciones y aplicaciones industriales de alta resistencia; el estaño tiene un papel destacado en la electrónica, y el cuarzo, el caolín o la arcilla son fundamentales para sectores como la construcción. Galicia cuenta con 18 de las 34 materias primas cualificadas como críticas por la UE.

Una de las grandes novedades de este concurso es que las empresas que resulten adjudicatarias deberán presentar planes sociales y compromisos concretos para incrementar el impacto positivo de los proyectos en las zonas de implantación. Entre los aspectos que se valorarán estarán la creación de empleo, la movilización de inversión, la contratación de empresas y proveedores locales, la generación de actividad económica y la contribución al desarrollo socioeconómico del área.

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