Las jubilaciones demoradas se triplicarán por la mayor esperanza de vida

La incidencia de la jubilación demorada en las nuevas altas de jubilación se triplicará en las próximas décadas, al pasar del 10% actual a situarse en el entorno del 30%, impulsada principalmente por el incremento de la esperanza de vida y no tanto por los incentivos introducidos en la reciente reforma de pensiones.

Así lo sostiene un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), consultado por Europa Press y elaborado por su director, Ángel de la Fuente, en el que analizan las diferencias entre los modelos contables utilizados por la Administración y el modelo propio del 'think tank'.

Actualmente, de cada 100 personas que se jubilan en el sistema, alrededor de 10-11 lo hacen de forma demorada, es decir, más tarde de lo que podrían (11,6% a datos de agosto). El modelo de Fedea prevé que en las próximas décadas esa proporción pase a ser de 30 de cada 100 en las nuevas altas de jubilación, lo que a su vez provocará un aumento de la edad media de retiro.

Según explica el informe, el aumento de la longevidad previsto en las proyecciones demográficas de Eurostat exige a los trabajadores acumular un mayor volumen de ahorro para afrontar una etapa de retiro más prolongada.

Esta circunstancia "obliga en alguna medida a prolongar la vida laboral" e incentiva doblemente la jubilación demorada, ya que la prima por demora se disfrutará durante más tiempo.

Por este motivo, Fedea argumenta que el mayor uso del retiro demorado observado en los datos recientes no puede atribuirse íntegramente a las medidas legales aprobadas en la reforma de 2021-2023.

Es más, Fedea destaca que, "incluso en ausencia de cualquier cambio en el régimen de incentivos", el porcentaje de jubilaciones demoradas crecería de todos modos hasta el 30% en las próximas décadas.

Eso es así porque, según sus cálculos, el efecto directo de los incentivos al retraso de la jubilación han sido "reducidos", dado que no han supuesto un cambio radical sino una "mejora incremental" de los incentivos que ya existían previamente.

Así, considera que los incentivos de la reforma de pensiones de 2021, como la prima del 4% por año de demora, no han tenido un gran impacto y se han limitado a incrementar los incentivos que ya existían previamente" (antes de la reforma ya existían bonificaciones de entre el 2% y el 4% según los años cotizados).

De este modo, Fedea sostiene que el mayor uso de la jubilación demorada no se debe de forma exclusiva ni principal a la reforma del Gobierno, sino a la tendencia demográfica de mayor longevidad.

Divergencias de hasta cuatro puntos de PIB en el déficit

El documento contrapone las proyecciones de Fedea a las estimaciones de los modelos contables oficiales empleados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (modelo INTegraSS), la AIReF y el Ministerio de Economía en el marco del Ageing Report de la Comisión Europea (modelo PeGaSo).

Fedea advierte de que existen "discrepancias" en los resultados a largo plazo. Así, mientras que la Seguridad Social y la AIReF prevén que la reforma tendrá un efecto moderado sobre el saldo presupuestario (con un incremento inferior a un punto de PIB), los cálculos de Fedea proyectan un deterioro del déficit básico del sistema que "se acercaría a los cuatro puntos de PIB hacia 2050".

En cuanto a las previsiones de incremento del gasto, la discrepancia que presenta el modelo de Fedea proviene fundamentalmente del aumento del gasto proyectado a mediados de siglo respecto al escenario sin reforma.

En este sentido, el 'think tank' calcula que el gasto subirá en torno a 5 puntos de PIB hacia 2050, frente a los menos de 2,5 puntos de PIB estimados por la Seguridad Social y la AIReF, o los 3 puntos de PIB proyectados por el Ageing Report 2024 de la Comisión Europea.

Efectos indirectos vía cambios de comportamiento

Según Fedea, estas abultadas diferencias se explican porque las herramientas oficiales no recogen los efectos indirectos derivados de los cambios de comportamiento de los agentes económicos.

En concreto, el informe destaca que medidas destinadas a hacer más generoso el sistema -como la indexación plena de las prestaciones al IPC- incrementan el gasto público de forma directa, pero también generan un impacto indirecto negativo.

Al incentivar un menor ahorro privado y propiciar decisiones de jubilación más tempranas entre determinados colectivos, estas conductas terminan reduciendo el PIB, lo que eleva automáticamente la ratio de gasto en pensiones sobre la riqueza nacional.