Iberdrola, juzgada por subir "deliberadamente" la energía

El juicio contra Iberdrola Generación por un supuesto delito contra el mercado y los consumidores relacionado con el presunto encarecimiento artificial de la luz en 2013 arrancó ayer en la Audiencia Nacional, que alberga así el primer proceso judicial contra una energética por tratar de manipular el coste de la electricidad.

En el banquillo están los que eran por entonces el director de gestión de la energía de la compañía, Ángel Chiarri; el responsable de optimización, gestión de recursos y trading, Gregorio Relaño; el responsable de gestión de activos, José Luis Rapún; y el responsable de mercados a corto plazo y generación global, Javier Paradinas.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una multa de casi 84,9 millones de euros para la entidad, así como dos años de prisión e inhabilitación y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros para los cuatro directivos involucrados. Asimismo, plantea que los acusados indemnicen hasta un máximo de 107,3 millones de euros -importe del presunto perjuicio a la demanda- de forma conjunta y solidaria a varias comercializadoras y a las personas físicas y jurídicas que acrediten haberse visto afectadas.

También se encuentra personada como acusación particular la organización de defensa de los derechos de los consumidores Facua, que pide tres años de cárcel para los directivos y una multa de 107,5 millones de euros para la compañía.

Un sistema orquestado

El Ministerio Público indicó que Iberdrola Generación orquestó un sistema para incrementar el precio de la energía eléctrico más allá del que debiera resultar del libre funcionamiento de la oferta y demanda. Según señaló el escrito de acusación, la filial elevó sin causa legítima el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, a un nivel “por encima del precio de mercado diario”.

Según el Ministerio Público, Iberdrola Generación, quebrantando el orden de mérito de las centrales en el despacho de producción, provocó la reducción de generación eléctrica de esas centrales hidráulicas, y, como consecuencia, provocó que las operaciones de compra se casaran con la energía procedente de las centrales de ciclo combinado, de coste superior y en un rango de precios también más elevado situado entre los 80/90 €/MWh frente a la media de precios de la energía proveniente de las centrales hidráulicas situado en 45/55 €/MWh.

Este “artificio” habría subido en 7,156 euros cada megavatio/hora (MWh), lo que ocasionó un perjuicio superior a los 107,3 millones de euros, según cálculos de la Fiscalía. Iberdrola Generación produjo unos 2.965,8 gigavatios (GW) durante los días objeto de la investigación, lo que se traduce en un presunto beneficio de 21,2 millones de euros. Esa decisión fue adoptada, sostuvo el escrito, por el equipo directivo de Iberdrola compuesto por los cuatro acusados.

El juez impuso a cada uno de los directivos la prestación de una fianza por un importe total de 107.534.666 euros. En concreto, 194.666 euros serían para garantizar el pago de las multas y los 107.340.000 euros restantes para garantizar el pago de las responsabilidades civiles. El magistrado también acordó en julio de 2022 que Iberdrola Generación prestara fianza por un importe total de 192.231.272 euros. Así, 84.891.272 euros serían para garantizar el pago de las multas y los 107.340.000 euros restantes para garantizar el pago de las responsabilidades civiles que se deriven.