Hipotecas y préstamos tendrán una moratoria de nueve meses

El Consejo de Ministros aprobó ayer una nueva moratoria que libere a las familias más afectadas por la pandemia del pago durante nueve meses de una hipoteca o de un crédito de consumo, una medida de alivio que se podrá solicitar hasta el 30 de marzo. Además, podrán acogerse a estas moratorias las empresas del sector turismo y transporte que más han sufrido durante la crisis del coronavirus, explicó la ministra portavoz, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros.

La medida beneficiará fundamentalmente a hogares y trabajadores vulnerables, así como a empresas del turismo o transporte con una reducción de la facturación del 40% durante la pandemia. Se trata de que las personas "en situación vulnerable" o los colectivos "más afectados" por la pandemia puedan tener suficientes instrumentos para atender a sus obligaciones de pago y evitar dificultades para preservar su actividad.

Las moratorias hipotecarias podrán solicitarse para el préstamo con el que se compró la vivienda habitual o un local en el que el autónomo desarrolla su actividad, así como en viviendas que están en alquiler y el propietario, con una hipoteca, ha dejado de percibir la renta del inquilino debido al estado de alarma. Igualmente, cualquier persona considerada "vulnerable" con un crédito al consumo o cualquier tipo de financiación con cuota podrá acogerse a las moratorias para préstamos no hipotecarios.

Las empresas del sector del turismo podrán solicitar moratorias para los créditos sobre hoteles, alojamientos turísticos o locales de agencias de viajes, y las del transporte para las cuotas de sus préstamos, leasing o renting de vehículos. Quienes hayan accedido a moratorias anteriores podrán solicitar una nueva, hasta agotar una duración máxima de nueve meses.

presiones de podemos

La secretaria de Estado de la Agenda 2030, Ione Belarra, miembro del equipo de Pablo Iglesias y Unidas Podemos en el Gobierno de coalición, insistió en la necesidad de una ley de vivienda que corresponsabilice al sector privado, de modo que los grandes propietarios pongan a disposición de las administraciones públicas un porcentaje de su parque para destinarlo al alquiler social. "Si, por ejemplo, los grandes propietarios de inmuebles en España destinaran el 30% de sus viviendas al alquiler social, podríamos aumentar en muy pocos meses el parque público en unos 140 o 150.000 inmuebles, ayudando a poner fin a la emergencia habitacional", subrayó Belarra en el Congreso.

Sobre esta propuesta, el gestor inmobiliario de Blackstone, Eduard Mendiluce, advirtió a Podemos de que el alquiler social es "responsabilidad cien por cien de la Administración pública" y de que solo en el ámbito del alquiler asequible (precios un 30% o 35% por debajo del mercado) están dispuestos a llegar acuerdos de colaboración público-privada. Defendió que la colaboración para aumentar la oferta de alquiler asequible pasa por incentivar ese tipo de contratos "desde el punto de vista fiscal, con ayudas, impuestos locales o lo que toque, en modos parecidos a Portugal, cuyo modelo se puede mejorar, o a Francia, que en 2009 hizo una ley con un éxito brutal de 500.000 casas construidas en formato asequible".