El Gobierno utilizó fondos de la UE para pagar pensiones
El Tribunal de Cuentas detectó el uso de 2.389 millones para pagar pensiones por falta de Presupuestos
El Tribunal de Cuentas desveló que el Gobierno tuvo que recurrir en noviembre de 2024 a 2.389,4 millones de euros de fondos europeos para pagar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas ante la falta de crédito presupuestario que generó la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023. Es una de las conclusiones que el organismo fiscalizador ha extraído de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2024, aprobada con una opinión favorable, pero señalando “salvedades o incidencias” que insta a corregir.
Una de ellas es que la insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos “ineludibles” motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al considerar que no comprometían el cumplimiento del plan ni la absorción de fondos europeos.
El Tribunal expone que esta actuación del Gobierno se llevó a cabo bajo fundamentos jurídicos “que deberían haber quedado mejor justificados”, al existir “una incertidumbre” sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de estos créditos para financiar modificaciones presupuestarias fuera de dicho servicio.
Obligaciones
En lo que respecta a las obligaciones en pensiones, el Tribunal de Cuentas apunta que la prórroga presupuestaria mantuvo el presupuesto de 2023, lo que en 2024 provocó una infravaloración neta de 1.008,4 millones de euros. Además, los créditos definitivos superaron en 77.341,9 millones de euros a los iniciales, de los cuales el 95% se financió mediante deuda, aunque el buen comportamiento de los ingresos evitó alcanzar ese importe.
El organismo, presidido por Enriqueta Chicano, advirtió también que el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social acumula ya ocho años consecutivos en negativo, superando los 106.000 millones de euros. El informe indica que el sistema se financia principalmente con préstamos del Estado, que en 2024 ascienden a 126.170,2 millones de euros (7,91 % del PIB).
Con este panorama, el Tribunal insiste en la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema a medio y largo plazo. Además, señala que la deuda del Estado alcanzó los 1,46 billones de euros a cierre de 2024 y alerta de un “importante déficit estructural” en la gestión de la incapacidad temporal, cifrado en 2.677,3 millones de euros.
El organismo refleja en su informe más irregularidades
En lo que respecta al resto de salvedades detectadas por el organismo, el Tribunal de Cuentas apunta a una sobrevaloración del resultado presupuestario consolidado en 4.090,3 millones de euros por una incorrecta imputación temporal de obligaciones y derechos durante el ejercicio fiscalizado. Además, puso de manifiesto la existencia de pagos a justificar pendientes de justificación o aprobación a cierre de ejercicio por un importe de 1.627,1 millones de euros, que superaron los plazos establecidos en la normativa a estos efectos.
La fiscalización también puso el foco en otras incidencias, como las relativas a los inventarios de inmovilizado de la Administración General del Estado, la falta de registro contable de las aplicaciones informáticas desarrolladas con medios propios de la Seguridad Social o la incertidumbre en la valoración del inmovilizado material de Renfe Mercancías por valor de 371,6 millones de euros. Por otro lado, el Tribunal de Cuentas indica que existen en la Cuenta General del Estado de 2024 deficiencias en los deudores, tales como la sobrevaloración de los deudores tributarios y no tributarios por 11.263 millones de euros.
Por todo ello, el Tribunal de Cuentas sugiere a las Cortes Generales que insten al Gobierno a la subsanación de las salvedades e incidencias señaladas y resolver la situación del endeudamiento de la Seguridad Social. Piden que se modifique la normativa relativa a los plazos de rendición de cuentas para elaborar la Declaración sobre la Cuenta General en el plazo más cercano posible al ejercicio al que se refiera.
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