El Gobierno ofrece a los funcionarios subirles el salario hasta 2028 al menos con el IPC
La propuesta incluye un aumento fijo y otro variable en tres años como garantía de poder adquisitivo
La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, trasladó a CCOO, UGT y CSIF la voluntad del Gobierno de cerrar un nuevo acuerdo plurianual que incluya subidas salariales con un componente fijo y otro variable, para evitar que los empleados públicos pierdan poder adquisitivo. Según el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, la negociación busca no solo mejoras retributivas, sino también medidas organizativas “que repercutan de manera positiva en los trabajadores y en los servicios que prestan a la ciudadanía”.
“Queremos caminar junto a las organizaciones sindicales hacia una Administración más participativa, que ofrezca servicios personalizados, diseñe políticas públicas eficaces y esté mejor preparada para afrontar la innovación y la doble transición digital y verde”, afirmó Sánchez Naranjo.
La secretaria de Estado defendió que el nuevo acuerdo debe servir para modernizar la Administración, reforzar la estabilidad laboral y consolidar derechos como la jornada de 35 horas semanales o la carrera profesional en todos los niveles del empleo público. También insistió en la necesidad de fortalecer el reconocimiento del trabajo público y atraer talento joven para garantizar la continuidad del servicio.
Durante el encuentro, las partes acordaron un calendario de reuniones semanales con el objetivo de elaborar un texto que se llevará a la Mesa General de Negociación “en cuanto sea posible”. UGT explicó que el trabajo se organizará por bloques y que, aunque aún no hay una cifra concreta, el pacto cubrirá tres años. Los sindicatos exigen que el incremento salarial de 2025 sea retroactivo desde enero y advirtieron que no permitirán una “subida cero” ni la congelación de sueldos.
“Este tiene que ser un acuerdo no solo para los tres millones y medio de empleados públicos, sino para los servicios públicos y la ciudadanía”, declaró la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, quien valoró positivamente la actitud del Ministerio y destacó el “clima de entendimiento” en la negociación.
Desde CSIF, el secretario nacional de Acción Sindical, Francisco Lama, anunció que el 19 de noviembre Función Pública presentará una propuesta económica concreta, que corrija el IPC de 2025 y contemple fondos adicionales para reducir desigualdades retributivas y recuperar poder adquisitivo. El sindicato también planteó un plan estratégico de recursos humanos que garantice el relevo generacional ante las jubilaciones masivas previstas.
El encuentro permitió reactivar las negociaciones tras las movilizaciones de la semana pasada y ante la amenaza de huelga general convocada por las organizaciones sindicales para diciembre. El Ministerio valoró positivamente la reanudación del diálogo y se comprometió a estudiar todas las reivindicaciones para alcanzar un consenso.
El último acuerdo salarial, vigente entre 2022 y 2024, fijó una subida total del 10% y supuso un gasto cercano a 13.000 millones de euros. Ese pacto sirve ahora de base para un nuevo proceso de diálogo que busca equilibrar la sostenibilidad de las cuentas públicas con la mejora del poder adquisitivo.
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