El Gobierno mantendrá los descuentos en el transporte en 2024

El Gobierno aprueba este miércoles la ampliación de parte del escudo social. Los partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, cerraron un acuerdo para la prórroga de las bonificaciones al transporte público a toda la población y no solo para menores de edad, jóvenes y desempleados, según han confirmado fuentes de la formación que dirige Yolanda Díaz.

En el nuevo paquete de medidas para combatir los efectos de la inflación, la crisis energética y la guerra de Ucrania que aprobará este miércoles el Consejo de Ministros se extenderá la ayuda al transporte a todos los colectivos, en lugar de solo dirigirse a menores de edad, jóvenes y desempleados como se pretendía en un principio.

Cabe recordar que el Ejecutivo incluyó una dotación de 1.440 millones de euros en su plan presupuestario de 2024 para la subvención del transporte público, incluida la gratuidad de trenes y autobuses y las ayudas a las comunidades autónomas para los descuentos en el transporte de competencia autonómica. Así, el Gobierno seguirá bonificando con un 30% el transporte público del resto de administraciones siempre que se comprometan a aumentar este descuento hasta el 50%.

Aún no hay acuerdo sobre el impuesto a las energéticas

Tras intensas negociaciones, Sumar ha reconocido que hay medidas que han suscitado debate en el seno del Gobierno de coalición, como las relacionadas con la gratuidad del transporte público o los impuesto a la banca y a las energéticas. Sobre estos tributos, Sumar ha asegurado que el impuesto a la banca se queda como está, pero sobre el impuestos a energéticas no hay acuerdo aún en este momento.

El impuesto temporal a la banca grava al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que facturasen más de 800 millones en 2019 y el tributo afectará a la actividad que las entidades desarrollen en España. Por su parte, el tributo energético grava el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías del ramo energético que facturasen más de 1.000 millones en 2019. Se excluye de la facturación objeto del gravamen los ingresos derivados de las actividades reguladas.

De este modo, el impuesto no afecta a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización.