España recurre la sentencia del cierre de 87 zonas para salvar el palangre

España mantendrá el pulso en Bruselas ante el cierre de 87 zonas a la pesca de fondo. El Gobierno decidió interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la sentencia del Tribunal General que descartó el recurso que el Ejecutivo español puso en noviembre de 2022. Estos cierres redujeron en un 20% las capturas y un 11% en el valor económico la actividad de la flota, según un informe encargado por la propia Comisión Europea. El titular de Agricultura, Luis Planas, explicó que la decisión se tomó tras realizar una “amplia consulta con los servicios jurídicos del Estado y constatar que hay base suficiente para argumentar el recurso”.

El departamento de Planas considera que el Tribunal no tuvo en cuenta en su resolución el impacto socioeconómico de la medida, lo que va en contra de los principios de la Política Pesquera Común (PPC) que basa la sostenibilidad en tres pilares: ambiental, económico y social. Además, Luis Planas aseguró que el Ministerio tiende la mano a la Comisión para dialogar y negociar la exclusión del palangre de fondo de la prohibición de pesca en estas zonas vulnerables.

El ministro explicó que existen informes científicos que evidencian que el palangre de fondo tiene un muy bajo impacto sobre los fondos marinos. “Es profundamente injusto que se aplique la prohibición al palangre de fondo, una flota que ha realizado un trabajo muy importante de reconversión hacia un arte que es más sostenible y merece la consideración de apoyo”.

Desde la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), su presidente Javier Touza mantiene que “no hay argumentos sólidos a día de hoy para prohibir el palangre de fondo porque su impacto es mínimo o nulo”. Recuerda que el impacto de esta medida a la flota gallega “se está produciendo” y considera que “es una muy buena decisión recurrir”.

La organización de productores Puerto de Burela también agradeció al ministro Planas la decisión de recurrir esta sentencia que descartó inicialmente los argumentos del propio Estado y esta entidad, con la Xunta como coadyuvante. Desde Burela criticaron una vez más “la desproporción provocada” por este reglamento que aplica “una única metodología para todos los artes de pesca, sin tener en cuenta su impacto real y diferenciado”.

La patronal Cepesca se manifestó en esta misma línea y defendió que el recurso representa un paso firme en la defensa de la racionalidad y proporcionalidad que deben ponderarse a la hora de adoptar medidas medioambientales que afectan a la sostenibilidad de la flota.

La Xunta abre la puerta a participar en el procedimiento

La Consellería do Mar valoró que este paso abre la puerta a la participación de Galicia en el procedimiento, en lo que ya están trabajando los servicios jurídicos de la Xunta con el objetivo de aportar información de carácter técnico que permita reforzar las posibilidades de éxito de dicho recurso. La conselleira Marta Villaverde expresó su satisfacción por este anuncio, que valora “muy positivamente”. Destaca que la Administración autonómica mantuvo un contacto constante con el sector para analizar y coordinar las acciones a tomar en el ámbito jurídico y político sobre una sentencia que dice “no compartir”.

La Xunta recordó que son los estados miembros los que tienen la condición de demandantes privilegiados en los recursos contra sentencias del Tribunal General. Al tratarse de un recurso de casación, este debe circunscribirse a motivos de derecho. Una vía que mantiene vivo el proceso mientras se trabaja en el ámbito político para revertir una decisión que compromete el futuro del sector en Galicia.