La flota viguesa alerta que la Política Pesquera Común de la UE está "obsoleta"

La última comparecencia del comisario europeo de Pesca, Medioambiente y Océanos, Virginijus Sinkevicius, causó un gran revuelo entre el sector pesquero. La principal causa fue la presentación del nuevo Plan de Acción para vetar las artes de fondo en el 30% de las aguas para 2030 al tratarse de un duro golpe al arrastre. Con todo, Sinkevicius también aseguró que la actual Política Pesquera Común sigue siendo válida y la Comisión Europea no intención de reformarla y solo plantea mejorar su implementación, algo que choca frontalmente con la posición del sector.

Según explicaron desde la propia Comisión, el objetivo del nuevo Plan de Acción es “reforzar la contribución de la Política Pesquera Común a los objetivos medioambientales de la Unión Europea y reducir el impacto adverso de las actividades pesqueras en los ecosistemas marinos, en particular a través de la perturbación del lecho marino”.

La evaluación de la actual Política Pesquera Común realizada por la Comisión Europea diez años después de su aprobación concluyen que “sigue siendo el marco jurídico adecuado para hacer frente a los retos a los que se enfrentan las pesquerías de Europa y los mares de los que dependen, aportando la estabilidad necesaria al sector pesquero y permitiendo que la Unión lidere con el ejemplo impulsando una pesca sostenible en todo el mundo”.

El vigués Daniel Voces, director gerente de la patronal Europêche, asegura que es necesario realizar cambios, ya que la Política Pesquera Común está “obsoleta”. “Creemos que algunas políticas se pueden mantener, pero otras han fallado”, señala. En concreto hace referencia a la obligación de desembarque, ya que “la propia jefa del servicio de recomendaciones científicas dijo que había que cambiar la política de descartes”.

Además, Voces recuerda que en los últimos años “hemos pasado una pandemia, una crisis energética mundial, afrontamos el cambio climático, creo que ya hay factores suficientes para decir hay que sentarse y tener una visión estratégica de a donde queremos ir”. A juicio de los pescadores, la Política Pesquera Común debe ser más amplia para resolver los nuevos retos geopolíticos, climáticos y de gobernanza y lamentan que no haga referencia a estas nuevas preocupaciones.Los pescadores europeos recuerdan al comisario Sinkevicius su compromiso de mantener el equilibrio entre los tres pilares de la sostenibilidad, no solo la dimensión medioambiental, y de colmar las lagunas de la dimensión social de la Política Pesquera Común.

“Es fundamental que haya ‘level playing field’ tras el Brexit”

Desde Europêche han planteado a Bruselas una revisión “quirúrgica” de la Política Pesquera Común. Entre otros factores a modificar apuntan al rendimiento máximo sostenible exigido para todas las pesquerías y especies o la política exterior ante las nuevas relaciones de Europa con el Reino Unido tras el Brexit.

En este sentido, Voces señala que el mayor impacto en la pesca de esta decisión política lo sufrieron países como Irlanda. “Por el momento hay negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, para nosotros es fundamental que haya un ‘level playing field’, que las reglas de juego sean las mismas para todos”, afirma. Además, avanza que en estos momentos el sector pesquero en el Reino Unido está diciendo que “el acuerdo no fue bueno para ellos”, algo que la patronal europea interpreta como que “se están preparando para 2026 para pedir más cuota y esperamos que la Comisión Europea defienda nuestros intereses”.

Otra de las modificaciones concretas que plantean es la redefinición de la capacidad pesquera para permitir la mejora de las condiciones de trabajo, la seguridad y la eficiencia energética. En este sentido, Voces señala que las nuevas fuentes de energía y sistemas de propulsión verde requieren mucho más espacio a bordo y esto chocaría con los límites de capacidad establecidos por Europa.

El sector avanza en la estrategia jurídica contra el veto de 87 zonas

Además de las peticiones de reformar la Política Pesquera Común, las negociaciones sobre la hoja de ruta de la descarbonización de la flota y el Plan de Acción con el que Europa quiere vetar el arrastre en el 30% de sus aguas para 2030, el sector continúa trabajando por la vía legal para frenar otra de las medidas más polémicas del último año, el cierre de 87 zonas a las artes de fondo.

En la última semana, el director xeral de Pesca, Antonio Basanta, se reunió con miembros del bufete de abogados J&A Garrigues –con juristas especializados en derecho comunitario– y representantes de la Organización de Productores Pesqueros de Burela (OPP-7) para armar la estrategia de defensa de Galicia en el recurso contra el veto de Bruselas.

El sector y el Ejecutivo gallego avanzaron así en la línea de trabajo marcada por los juristas especializados a los que se solicitó asesoramiento y que apuntaban que la mejor fórmula de una región para defender los intereses de su sector ante el reglamento aprobado por la Comisión Europea era acompañar como parte coadyuvante, puesto que la opción de iniciar una acción directa tendría pocas posibilidades de prosperar.

El sector y el Gobierno autonómico también analizarán conjuntamente el Plan de Acción de la Comisión. La Xunta ya avanzó que reunirá en los próximos días al Consello Galego de Pesca para estudiar el informe encargado por el Gobierno gallego a la Fundación MarInnleg sobre este nuevo paquete de medidas pesqueras. Antonio Basanta, aseguró que este Plan de Acción tiene “un calado medioambientalista inadmisible, desequilibrado e incoherente que supone un atentado para la gente del mar” al obviar los aspectos socioeconómicos y “hace peligrar su futuro”.