La flota inicia una campaña clave en Malvinas tras medio siglo en el caladero

La flota viguesa de arrastreros congeladores que opera en las Islas Malvinas inició ya la campaña de verano de pesca del calamar loligo, una temporada considerada decisiva para confirmar la recuperación del principal caladero de gran altura de la ciudad después de varios años marcados por la caída de la biomasa y las restricciones pesqueras. Las 16 embarcaciones de sociedades mixtas con capital vigués ya están en el caladero y afronta una temporada clave tras los resultados optimistas de la primera campaña del año.

La sostenibilidad del loligo se convirtió en la principal preocupación de la flota durante los últimos ejercicios. La disminución de la biomasa obligó incluso a suspender temporalmente la actividad en algunas campañas y, el verano pasado, a aplicar un estricto control de las capturas para garantizar unos niveles mínimos de reproducción de la especie.

El caladero de Malvinas constituye uno de los pilares de la pesca de gran altura de Vigo. Gestionado en exclusiva por la flota local a través de sociedades mixtas con empresas de las islas, permite capturar en los mejores años alrededor de 100.000 toneladas de calamar loligo entre las campañas de invierno y verano. Se trata de un producto de elevado valor comercial, muy superior al de otros cefalópodos del Atlántico suroccidental.

La relación de la flota viguesa con este caladero roza ya el medio siglo, aunque no fue la primera en explotar el recurso. Durante la década de 1970 los pesqueros argentinos realizaban capturas testimoniales de loligo, mientras que embarcaciones polacas y japonesas faenaban centradas principalmente en la pota. La pesca industrial del calamar comenzó realmente con la llegada de la flota de la Unión Soviética, que mantuvo una posición dominante hasta 1985.

Los arrastreros vigueses empezaron a pescar loligo a principios de los 80 y, durante sus primeras campañas, alcanzaron capturas muy similares a las soviéticas. Sin embargo, en 1985 su participación descendió hasta representar únicamente el 18% del total, coincidiendo con un fuerte incremento de las descargas de la flota soviética. A mediados de los 80 también se incorporaron algunos buques búlgaros, aunque con un peso mucho menor.

El creciente interés internacional por este recurso llevó al Gobierno británico a establecer una zona regulada de pesca. Apenas unos años después, en 1988, la flota viguesa ya concentraba la mayor parte de las licencias para capturar loligo en Malvinas. Un año más tarde, el caladero alcanzó un máximo de 118.720 toneladas desembarcadas.

El último acuerdo de licencias se firmó en 2022 para la explotación por un periodo de 25 años. El pacto garantiza estabilidad hasta 2047, impulsó la renovación de la flota y asegura el futuro de una actividad estratégica tanto para las empresas viguesas como para la economía de las islas. Solo las licencias pesqueras generan cada año más de 36 millones de libras para el Gobierno de Malvinas, prácticamente la totalidad de los ingresos públicos procedentes del área de pesca.

“Será fundamental que vaya bien esta campaña”

El comportamiento de la campaña que ahora comienza será determinante para comprobar si la tendencia de recuperación observada durante el invierno logra consolidarse, tras cerrar la primera marea del año en 42.000 toneladas.

Fuentes del sector aseguran que “sería fundamental que vaya bien esta campaña” ya que “hace dos años apostamos por la ciencia y dejar que se recuperara el caladero, proteger la biomasa y aumentar el nivel de reproductores, el año pasado ya vimos una ligera mejoría y esperamos seguir ene sa línea, pero por ahora son solo expectativas”.

El Gobierno de las islas inicia una consulta para instalar acuicultura de salmón

La pesca del calamar constituye la principal fuente de ingresos del sector pesquero de las Islas Malvinas, pero el Gobierno del archipiélago estudia ahora la posibilidad de implantar también acuicultura de salmón. El Ejecutivo inició esta semana una consulta pública para conocer la opinión de la población sobre la conveniencia de autorizar esta actividad y, en caso afirmativo, en qué dimensión debería desarrollarse.

La consulta plantea cuatro escenarios: mantener la prohibición actual; permitir explotaciones comerciales limitadas únicamente por la capacidad del medio; autorizarlas, pero con un volumen de producción inferior a ese límite; o restringirlas a proyectos de nicho, como la producción ecológica. Los ciudadanos también podrán proponer alternativas.

Como base para el debate, el Gobierno elaboró un paquete de informes independientes sobre los posibles efectos ambientales, económicos y sociales de esta industria, así como sobre el marco normativo que sería necesario desarrollar en caso de autorizarla. La documentación incluye además un estudio sobre la regulación aplicada en otros países y las conclusiones de un viaje técnico realizado por funcionarios de las islas a las Feroe, una de las principales regiones productoras de salmón del mundo.

El propio Ejecutivo de Malvinas reconoce que esta acuicultura puede generar impactos ambientales que deberán ser evaluados y mitigados. Entre los principales riesgos cita el escape de ejemplares al medio natural, la transmisión de enfermedades y parásitos a otras especies, las interacciones con mamíferos marinos, el uso de antibióticos y otros productos químicos, la acumulación de residuos orgánicos en el fondo marino o el consumo de recursos para fabricar pienso.

Según la documentación sometida a consulta, la mayoría de estos efectos pueden reducirse mediante medidas de gestión y control, aunque admite que en algunos casos no es posible eliminarlos por completo.