Ferrovial podría tener que devolver las ayudas recibidas
El Gobierno improvisa una nueva normativa para evitar que otras empresas sigan el mismo ejemplo
El sorprendente anuncio de Ferrovial de mudar su domicilio social a Países Bajos le ha enfrentado de lleno con el Gobierno de Pedro Sánchez, que incluso ha acusado al líder de la compañía, Rafael del Pino, de no ser un empresario comprometido con su país y de buscar con su traslado beneficios fiscales. El momento elegido por Ferrovial para comunicar esta decisión ha situado a la compañía en el centro del debate político a las puertas de las próximas elecciones, y tanto el Gobierno como la oposición, en plena campaña electoral, han aprovechado este traslado para reforzar sus discursos.
Hasta en dos ocasiones ha salido el presidente del Gobierno a criticar la decisión adoptada por Ferrovial y a afear la actitud de Rafael del Pino, algo que ha sido compartido por el resto de sus ministros. Falta de compromiso con el país; razones fiscales y no de seguridad jurídica; hacer patrimonio antes que arrimar el hombro cuando el país lo necesita o una fortuna que en buena medida se ha hecho gracias a la contribución de los españoles, han sido algunas de las acusaciones que ha vertido Sánchez estos días.
El conjunto del Gobierno de coalición ha salido a la palestra para rechazar con dureza este traslado social e incluso algunos de los miembros creen que la empresa debería devolver por ley las ayudas públicas recibidas, mientras que otros la tachan de empresa “pirata” y entienden que no se la debería tener en cuenta para futuros contratos con la Administración.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, criticó la empresa y señaló que es “una decisión injusta que ninguna empresa debería hacer en nuestro país”. En este sentido, la ministra apuntó que se ha elaborado una norma, que va a entrar en vigor “ahora, rápidamente” para que las empresas en paraísos fiscales devuelvan “hasta el último dinero público recibido”. “Queremos una reforma fiscal de los ingresos públicos en profundidad para que no haya privilegios fiscales”.
A su juicio, Ferrovial está haciendo un “mal ejemplo” en España y en el mundo y ha abogado por liderar desde el Gobierno central el debate de la armonización fiscal en Europa. “Esta es la tarea de España. No solo critiquemos a Ferrovial, actuemos contra Ferrovial y las malas prácticas de Ferrovial”.
Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra propuso ayer “atar en corto” a Ferrovial y exigirle que “devuelva hasta el último euro que le dieron los españoles y las españolas” tras el anuncio de la compañía de trasladar su sede social a Países Bajos.
CEOE ve inseguridad
Desde el ámbito empresarial, con la CEOE a la cabeza, entienden que las declaraciones de Pedro Sánchez contra Ferrovial y su presidente y máximo accionista están generando precisamente un mensaje de inseguridad tanto dentro como fuera de España. Las patronales del sector muestran además su preocupación por los “injustos” ataques que está recibiendo, entre ellos del Gobierno, y advierten de que vigilarán de cerca y tomarán todas las acciones que correspondan si Ferrovial recibe un trato discriminatorio en su actividad en España.
La compañía calcula que la operación tendrá un gasto de 20 millones, en buena parte en asesores, y supondrá dejar de pagar en España unos 8 millones por las retenciones por los dividendos pagados.
PP y Vox defienden la decisión de traslado de la compañía
El secretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, afirmó ayer que el hecho de que Ferrovial traslade su sede fuera de España “es un síntoma de lo que está pasando en este país”. González Pons, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en una manifestación contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, recordó que cuando las empresas se marcharon de Cataluña por la aprobación de la declaración unilateral de independencia, “todo el mundo lo consideró un síntoma de una perjudicial situación política”. En el caso de Ferrovial, señaló que le gustaría “enfocarlo, no tanto desde la persecución a una persona determinada o desde la demonización de los empresarios”, sino como “un síntoma”, y añadió que “el que se vaya Ferrovial es un síntoma de lo que está pasando en este país”.
Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, reprochó ayer al jefe del Gobierno que hablase de patriotismo después de que él haya pactado con “terroristas” y “separatistas”. Abascal acusó al Gobierno central de llevar al país “a la ruina con unas políticas fiscales que hacen la vida imposible no solo a familias, a autónomos, a pymes, sino también a las grandes empresas”, en relación a la salida de Ferrovial de España, para criticar que ante esta noticia Sánchez dijese que “la patria no es solo aumentar el patrimonio”. Acusó al Gobierno de emplear la misma solución para todo y que son “impuestos, impuestos e impuestos, trabas e impuestos ¿para qué? Para que se lo gasten en el perreo feminista, en prostitución, en corrupción, en chiringuitos, en subvenciones e inmigración ilegal”.
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