Ferrovial ratifica en junta su marcha a Países Bajos pese a la presión del Gobierno

La junta de accionistas de Ferrovial respaldó con sus votos el traslado de la sede social del grupo de España a Países Bajos pese al fuerte rechazo que suscitó en el seno del Gobierno y le permite dar un paso más hacia su objetivo final de debutar en bolsa con su matriz en Estados Unidos. La compañía que preside Rafael del Pino, primer accionista del grupo con un 20,4%, logró así los apoyos necesarios de cara a sacar adelante su proyecto de fusión trasfronteriza, por la que Ferrovial será absorbida por su filial holandesa FISE, que desde hace tiempo es la cabecera del negocio internacional del grupo.

Sin embargo, el éxito de esta operación aún depende de que los derechos de separación que deseen ejercer los accionistas que votaron en contra de este traslado no superen los 500 millones de euros, lo que equivale a en torno al 2,5% del capital. En esta segunda convocatoria, los accionistas presentes y representados en la junta ordinaria, aglutinaron el 77,6 % del total del capital social y sacaron adelante los 13 puntos del orden del día.

El plazo para que los accionistas críticos con el acuerdo ejerciten este derecho comenzará con la publicación del acuerdo de fusión adoptado por la junta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y concluirá transcurrido un mes desde dicha fecha. Los que opten por salir del capital recibirán un importe en efectivo de 26,0075 euros por acción, por debajo de los 27,39 euros a los que cotiza en estos momentos la acción. De hecho, desde el 28 de febrero -día siguiente al anuncio de la operación- los títulos de Ferrovial se anotado una subida del 3,35%, y si se tiene en cuenta que desde entonces el Ibex 35 cayó un 1,23%, la revalorización sería del 4,6%.

Acusaciones de injerencias

En el marco de la junta, el secretario general de la Federación Mundial de Inversores, el belga Jean-Pierre Paelinck, acusó al Gobierno de “violar el derecho de propiedad” de los accionistas de Ferrovial con sus “injerencias” en la decisión de la compañía de trasladar su matriz a Países Bajos.

En la misma línea, el presidente de la asociación eslovena Vzmd, Kristjan Verbic, que representa a 5 millones de accionistas minoritarios, subrayó que los principios fundamentales de la Unión Europea pasan por la libertad de establecimiento y que las decisiones de las compañías privadas y cotizadas tienen que ser tomadas exclusivamente por los accionistas y no por los políticos o Gobiernos

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, reclamó ayer al Gobierno, del que forma parte, que sea “más contundente” con Ferrovial, una empresa que, a su juicio, “se está riendo” de los españoles y debería devolver todas las ayudas públicas. “Lo que estamos viendo con Ferrovial, el Gobierno no lo puede permitir, el Gobierno de España tiene que ser mucho mas contundente”, aseguró Belarra.

En su opinión, está empresa pretende fijar su sede fuera de España para “evadir el pago de impuestos” y esto “es reírse en la cara de los españoles” después de que “se mantuviera a flote gracias a las ayudas públicas”.