Ferrovial encara una junta histórica sobre su traslado

Ferrovial encara hoy una junta histórica para el futuro de la compañía, que pasa por trasladar de España a Países Bajos su sede social mientras se siguen evidenciando las diferencias con el Gobierno, al que le piden que respete la voluntad de los accionistas, y atando las mayorías.

Para esta reunión, las miradas están puestas en el voto de los accionistas, que son los verdaderos propietarios de la compañía y que previsiblemente sacarán adelante esta polémica operación, anunciada a finales de febrero y con la que el grupo pretende cotizar en el mercado estadounidense pasando previamente por la bolsa de Ámsterdam.

Tras una insólita relación epistolar entre el Gobierno y la empresa horas antes de que los accionistas deban decidir su voto, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, volvió ayer a la carga asegurando que los accionistas de Ferrovial “tienen todo el derecho a conocer la verdad” y a tomar una decisión “informada” en la junta de hoy.

El Gobierno insiste en que no hay ningún obstáculo para que el grupo cotice en EEUU desde España. No obstante, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, reconoció que si surgen necesidades de ajustes normativos o de mercado estarían dispuestos a reaccionar con rapidez.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que asegura que insiste en sus tesis para que los accionistas conozcan toda la información de cara a una junta trascendental, ya trasladó a Ferrovial que le gustaría que la sede siguiese en España y que no hay razones económicas que justifiquen esta decisión.

Este punto es importante ya que para poder acogerse a la exención de tributar por las plusvalías latentes que afloren con la operación, que en estos casos suelen ser elevadas, Hacienda debe validar que el traslado no busca obtener una ventaja fiscal sino que responde a razones económicas válidas. La Agencia Tributaria avisa de que estos análisis pueden demorarse años y sostiene que no recibe presiones del Gobierno.

La compañía, asesorada por abogados en España, Países Bajos y EEUU, reitera que hay razones económicas sobradas y que esta operación no se hace por ningún motivo fiscal sino que es el paso natural a su internalización.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pidió de nuevo al Gobierno un respeto a las decisiones de una empresa privada como es Ferrovial y añadió que las presiones no son la forma más adecuada de proceder, mientras que el PP considera “absolutamente escandaloso” el “intervencionismo” del Ejecutivo sobre las empresas.

Ferrovial someterá a las 12.30 horas en la junta a votación un total de 13 puntos del orden del día, siendo el décimo determinante ya que de él depende la aprobación de una fusión transfronteriza intracomunitaria por la que Ferrovial será absorbida por su filial holandesa Ferrovial International SE (FISE).

La fusión se acogerá al régimen de neutralidad fiscal y a tal efecto será comunicada a la Agencia Tributaria. El tipo de canje es de una acción ordinaria de nueva emisión de FISE por cada acción de Ferrovial, sin compensación complementaria alguna.

Los accionistas contrarios a esta operación pueden votar en contra de la misma y acogerse, si así lo desean, a su derecho de separación para salir del accionariado, en cuyo caso recibirán una contraprestación de 26,0075 euros, por debajo de los 27 euros a los que mueven pasadas las 15:00 horas los títulos.

Si optan por salir podrán hacerlo dentro del plazo de un mes a contar desde que se publique en el BOE el acuerdo de aprobación de la fusión. También los acreedores podrán ejercer su derecho de oposición en igual plazo. Para ello, previamente habrán tenido que votar en contra de la operación en la junta.

La operación está condicionada a que estos derechos de separación no superen los 500 millones, lo que equivale al 2,5% del capital, ya que en caso contrario podría afectar negativamente a Ferrovial desde el punto de vista financiero y de rating.

El grupo considera que el impacto del pago de estos derechos de separación sería temporal y no comprometería su capacidad para mantener sus actuales inversiones, que se concentrarán aún más en Norteamérica (el 92% de las comprometidas para 2023-2027).