Facua pide sumar a financieras y telecos a la ley contra el spam

Facua pidió al Gobierno que extienda a los servicios de telecomunicaciones, financieros, alarmas y seguros la prohibición de los contratos fruto de llamadas telefónicas no solicitadas. Según la organización de consumidores, el Gobierno ya puso en marcha un real decreto que regulará la contratación de servicios energéticos en el que se pretende vetar las altas que intenten realizarse mediante llamadas no efectuadas o pedidas expresamente por los usuarios.

La asociación advirtió de que los servicios de telecomunicaciones están incluso por delante de los energéticos en número de llamadas comerciales no solicitadas, prohibidas desde junio de 2023.

Y recordó que, según una encuesta realizada por la organización a más de 6.000 consumidores, el 73,5% de los que dijeron estar afectados por spam telefónico recibió en el último mes llamadas con ofertas de telecos.

En segundo lugar están las llamadas de comerciales que se corresponden con empresas de luz y gas, nombradas por el 71,8%. A continuación, el sector de los seguros (25,1%), uno de los más citados por los encuestados, las alarmas (6,4%) y los préstamos (5,9%). Según la encuesta, realizada a finales del pasado junio, el 96,6% de los consumidores sigue recibiendo llamadas comerciales no solicitadas prácticamente a diario.

Falta de recursos

Mientras tanto, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) carece, según Facua, de recursos suficientes para tramitar el “ingente” volumen de denuncias que recibe por todas las irregularidades que son de su competencia, lo que deriva en la caducidad de un número creciente de expedientes. Además, Facua detectó casos de denuncias por spam telefónico archivadas de forma injustificada por la AEPD.

Asimismo, Facua reclamó que la norma que de momento afectará a la contratación de luz y gas obligue a la energéticas a comunicar a cada nuevo cliente su derecho a cancelar el contrato sin abonar ninguna cantidad si fue fruto de una llamada spam.

Es una de las alegaciones que presentará la asociación a la propuesta de Reglamento General de Suministro y Contratación incluida en un real decreto del Ministerio para la Transición Ecológica que actualmente está en trámite de audiencia pública.

Facua considera “imprescindible” que para dar por válida un alta telefónica se aporte una grabación en la que el usuario manifieste que fue él quien realizó la llamada o pidió expresamente recibirla. Una condición clave para defender a los usuarios.

Así, en el supuesto caso de que una compañía active un contrato sin contar con esa grabación, la denuncia del usuario afectado debería derivar en una indemnización económica para él y una multa para las dos empresas implicadas: la responsable de la llamada con el alta fraudulenta y la comercializadora que la diese por buena.

Una ley de telecomunicaciones que no frena abusos de empresas

El Gobierno va a prohibir contratar la luz y el gas por teléfono, salvo que lo pida expresamente el consumidor, con el objetivo de frenar los abusos de las comercializadoras energéticas por vía telefónica.

La medida figura en la propuesta de Reglamento General de Suministro y Contratación, un borrador de Real Decreto a consulta pública hasta el próximo 13 de septiembre que tiene entre sus objetivos “ahondar en la protección al consumidor”, explicó su promotor, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático.

La Ley General de Telecomunicaciones de junio de 2022 ya establecía el derecho del usuario final de “no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario” o “salvo que la comunicación pueda ampararse en otra base de legitimación de las previstas”.

Sin embargo, esta ley no prohibió la contratación telefónica de ningún tipo de servicio, por lo que las comercializadoras de gas y luz aprovecharon las lagunas de la norma y siguieron con la práctica de llamar para hacerse publicidad y contratar el suministro, y estas prácticas se siguen produciendo.

Un año después de la entrada en vigor de la norma, las encuestas realizadas por las organizaciones de consumidores muestran que más del 90% de la población sigue recibiendo llamadas no deseadas y las reclamaciones a Protección de Datos batieron récords.