Europa anima a los estados a desguazar parte de su flota pesquera

La Comisión Europea animó ayer a los estados miembros a desguazar parte de su flota pesquera. En la primera sesión del mandato de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo celebrada en Bruselas, Valérie Tankink, jefa de unidad saliente de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare), destacó la necesidad de que los estados garanticen el equilibrio entre la flota pesquera y las poblaciones de peces. “Para flotas que no están equilibradas, los estados deben aplicar planes de acción para resolver estas carencias”, subrayó Tankink.

Tras el lenguaje burocrático, esto se traduce en incentivos para desguazar parte de las flotas pesqueras, como ya hicieron países como Francia e Irlanda. Todo ello tras un mandato de cinco años marcado por un aumento de las restricciones al sector bajo la gestión del excomisario Virginijus Sinkevicius, ahora eurodiputado.

En su intervención durante un debate sobre la pesca sostenible en Europa, su situación actual y las orientaciones para el próximo año, Tankink reconoció avances en la sostenibilidad pesquera en diversas regiones europeas como el Noreste Atántico, aunque aseguró que hay desafíos persistentes, particularmente en el Mar Báltico, avanzando posibles nuevos recortes al sector que faena en estas aguas.

En Galicia, la situación es especialmente compleja tras los recortes de cuotas y las restricciones aplicadas durante estos últimos años. Varias flotas gallegas, como la del palangre de superficie, solicitaron al Gobierno ayudas para desguazar barcos debido a la falta de rentabilidad de su actividad. Los palangreros están vendiendo el pez espada a 3,5 euros el kilo, un precio insuficiente para cubrir sus costos operativos, que requieren un mínimo de 5,5 euros por kilo para ser rentables. Ante esta situación, algunos armadores han expresado su intención de desguazar sus barcos si no se encuentran soluciones viables.

Las organizaciones de productores de palangre de superficie vinculadas a ARVI, como Opnapa, OPPC3 y OPPF4 propusieron como alternativa la creación de un segundo registro que permitiría a las tripulaciones pagar un 50% del IRPF y otorgaría beneficios fiscales a las empresas armadoras, argumentando que, aunque el Estado perdería ingresos, se evitaría un cierre masivo de empresas del sector, pero por ahora no obtuvieron respuesta.

Además, la flota de cerco gallega también demanda una reestructuración urgente. Desde Acerga, trasladaron al Gobierno la necesidad de actuar ante la reducción de los topes de pesca y la falta de oportunidades para mantenerse activa, con cierres como el del jurel en la zona 8c y el bocarte en la misma área, y con limitaciones muy bajas para el bocarte en la zona 9a, donde solo se permite pescar 500 kilos por barco al día, a lo que se suma la reducción de la cuota de la sardina.

En la sesión de ayer en Bruselas también se debatió sobre los acuerdos de pesca con Cabo Verde y Guinea-Bissau. El primero se está aplicando ya de forma provisional y la firma del segundo se prevé para el 18 de septiembre.

Los eurodiputados defienden “los esfuerzos” de los pescadores

En el debate sobre pesca sostenible y las perspectivas para 2025, los eurodiputados gallegos pusieron de relieve la importancia de equilibrar la sostenibilidad medioambiental con las necesidades socioeconómicas del sector pesquero. Francisco Millán Mon, del PP, celebró los avances en la sostenibilidad de la pesca, pero insistió en que es esencial buscar también la sostenibilidad socioeconómica. Recordó la reciente sentencia del Tribunal de Justicia que apoya la necesidad de considerar los intereses de empresas y pescadores al fijar los Totales Admisibles de Captura (TAC), y no solo los objetivos medioambientales. Mon abogó por una reforma ambiciosa de la Política Pesquera Común (PPC), incluyendo una evaluación y posible flexibilización de las obligaciones de desembarque.

Nicolás González Casares, del PSOE elogió los esfuerzos de los pescadores y destacó la importancia de su contribución a una alimentación sostenible. Señaló problemas con algunos estados ribereños del Atlántico Nororiental, en referencia a Noruega, cuyas prácticas afectan negativamente a la sostenibilidad de especies como la caballa y la bacaladilla, lo que compromete a la flota europea.

Ana Miranda, del BNG, enfatizó la necesidad de considerar la sostenibilidad desde los aspectos económico, social y medioambiental, citando las dificultades de las mariscadoras gallegas, que demandan un seguro público de producción ante la falta de ayudas. Criticó la falta de apoyo de la Comisión Europea y de otros gobiernos y propuso establecer una renta digna para el sector en crisis. Además, alertó sobre el posible impacto negativo de proyectos industriales como la macrocelulosa de Altri en los ecosistemas marinos.