Emprendedores vigueses en la élite

La viguesa Ancora Mobile es la primera startup certificada de la provincia de Pontevedra, un mecanismo que el Gobierno puso en marcha el pasado mes de julio dentro de la conocida como Ley de Startups. Incorpora un conjunto de medidas dirigidas a facilitar la creación y crecimiento de estas empresas y a promover la inversión en innovación, con el objetivo de convertir a las nuevas tecnologías en un motor de crecimiento económico más intenso y rico en empleo de calidad.

En Galicia son cinco las empresas con este certificado y en España un centenar, con Madrid y Barcelona a la cabeza.

En el caso de Ancora, su CEO, Alexandre Bastos, explica que ya cuentan con un crédito de Enisa (la empresa pública adscrita al Ministerio de Industria que financia proyectos innovadores), “así que fue muy sencillo porque sólo le di al botón de aceptar, para ser acreditada, además de aportar alguna documentación adicional a la que ya tiene Enisa sobre nuestra empresa”.

Ancora es una spin-off nacida en el seno de la Universidad de Vigo en 2019 y que está centrada en creación de software para la industria. Tiene ya 17 personas en plantilla y un plan de negocio a largo plazo con un horizonte de crecimiento en un sector en expansión. “Hacemos software para operarios de planta de producción, para mejorar la productividad centrados en procesos de calidad y mantenimeinto, que es un complemento al software de las tareas industriales”, explica Alexandre Bastos.

Cuenta ya con una decena de clientes, entre los que hay conocidos en Galicia como el Grupo Cupa o Beta Implants, así como en el País Vasco.

La compañía nació en el programa Ignicia de la Axencia Galega de Innovación, formó parte de la aceleradora Business Factory Auto (BFA) y en su accionariado están los tres principales fondos de capital riesgo gallegos: Xesgalicia, Vigo Activo y Unirisco.

Las otras startups gallegas que ya están acreditadas son Artificial Inteligence Indestia y Dilemma Solutions, ambas de A Coruña, así como Innogando e Inverbis Analytics, de Lugo.

La Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, más conocida como Ley de Startups, proporciona una ventanilla única, que es en este caso la certificación, ineludible para poder acogerse a los beneficios fiscales y sociales establecidos en esta ley, será eficaz frente a todas las Administraciones y entes que deban reconocerlos. La certificación corre a cargo de Enisa, Empresa Nacional de Innovación.

El objetivo: nuevas tecnologías como motor de crecimiento

“Un centenar de empresas españolas han sido certificadas como startups por Enisa (Empresa Nacional de Innovación), desde que se puso en marcha este mecanismo, el pasado 21 de julio. Desde el Gobierno estamos impulsando una ambiciosa hoja de ruta para la transformación digital del país y de apoyo al emprendimiento. El objetivo es convertir las nuevas tecnologías en un motor de crecimiento económico más intenso y sostenido, rico en empleo de calidad, con mayor productividad y que contribuya a la cohesión social y territorial”, afirmó el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, en la inauguración de Startup Olé, una feria en Salamanca.

¿Qué se considera empresa emergente a efectos de la nueva Ley de Startups?

Debe ser empresa de nueva creación o de un máximo de cinco años en el caso del sector de biotecnología, energía, industrial, entre otros. Tener sede social o establecimiento permanente en España y un porcentaje mayoritario de la plantilla con contrato en España. También desarrollar un proyecto de emprendimiento innovador y escalable y no alcanzar un volumen de negocio superior a los diez millones.

¿Qué es la certificación de empresas emergentes?

La certificación es un procedimiento necesario para poder acogerse a los beneficios fiscales y sociales establecidos en la Ley de Startups. Será válida frente a todas las Administraciones.

¿Qué ventajas supone certificarse como empresa emergente?

Reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Sociedades al 15%, aplazamientos de deudas tributarias, eliminación de determinadas tasas; bonificación de las cuotas a la Seguridad Social y aumento de la deducción por inversión en empresas de nueva creación