EEUU sanciona a Telefónica por sobornos en Venezuela

La compañía Telefónica Venezolana, filial de la española Telefónica en el país caribeño, acordó en el comienzo del pasado mes de noviembre el pago al Gobierno de Estados Unidos de una multa de 85,2 millones de dólares (alrededor de 80 millones de euros) para cerrar de esta forma una investigación por el caso de soborno a funcionarios del Gobierno venezolano para conseguir así acceso a divisas.

El Departamento de Justicia de EE.UU. hizo público el acuerdo el 8 de noviembre pasado con la compañía de telecomunicaciones, un acuerdo -según informaciones de la propia Fiscalía-, según el cual la segunda admitió el pago de los sobornos a esos funcionarios para participar en una subasta del Gobierno en la que podría conseguir dólares a cambio de bolívares, dada la dificultad de hacerse con divisas estadounidenses en Venezuela.

El caso se remonta a 2014, cuando el grupo estaba presidido por César Alierta, mientras que su actual presidente, José María Álvarez-Pallete, era consejero delegado. “Telefónica Venezolana eligió apoyar a un régimen corrupto para eludir las dificultades de realizar negocios legales en Venezuela”, dice una de las fiscales norteamericanas. Telefónica Venezolana reclutó entonces con ese fin a dos proveedores que derivaron pagos a funcionarios del Gobierno venezolano. La subasta permitió a la filial de la compañía española cambiar más de 110 millones de dólares a través de la operación con divisas, un dinero que utilizó después para comprar equipos a los dos proveedores con los que contó.

El caso de la filial de la compañía española en el país gobernado por el régimen chavista de Nicolás Maduro es sólo el último de los ejemplos de un problema redundante en una España asolada por los casos de corrupción política, y muy especialmente por los manifiestos en el propio Gobierno y en el partido que es su sustento principal, casos que rodean y ahogan al propio presidente del Ejecutivo.

España suscribió en el año 2000 el convenio de la OCDE de lucha contra de la corrupción de 1997; como recordaba Santiago Carcar en el diario El País el pasado 25 de noviembre; reformó el Código Penal en 2010 y 2015 para ajustar las responsabilidades de las personas jurídicas en prácticas corruptas y todas las grandes empresas cuentan con departamentos internos dedicados a prevenir las malas prácticas y, pese a ello, surgen todos los años casos de corrupción transnacional con grandes compañías en el punto de mira. Casos como el de Telefónica en un país en el que que el entonces presidente, César Alierta, tenía un especial interés, tanto que él mismo aprovechó un viaje al Brasil de Dilma Rousseff en 2015 para tender puentes con el Gobierno Maduro y defender sus intereses en el país, intereses cuando menos y, como se demostraba posteriormente, “en sospechosa cuarentena”.

No es el único ejemplo. Carcar Romera desgranaba más casos en su artículo de noviembre, todos sin apenas consecuencias para las compañías: Defex, empresa de armamento con participación del Gobierno cuyo ex director comercial fue condenado por sobornos en Camerún, fue absuelta como sociedad e investigada por las tramas de Angola y Arabia. Hay más: Duro Felguera, sobornos en Venezuela; FCC, por lo mismo en Panamá; Mercasa, por pagos ilíticitos a funcionarios en América Latina o Iberdrola por “dumping” en EEUU.