Críticas al Gobierno por el IVA a las carnes y pescados

Los cereales, los lácteos, las frutas frescas y la leche son algunos de los alimentos que más están repercutiendo en la inflación en lo que va de año, y van a ser, en general, objeto de la bajada del impuesto sobre el valor añadido (IVA) anunciada el martes. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, explicó ayer que concentraron la rebaja anunciada del IVA en aquellos productos con “más volumen e importe” del gasto en alimentación.

El IVA pasa del 4 al 0 % en alimentos de primera necesidad (pan, harinas panificables, leche, quesos y huevos, así como frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales que sean naturales o frescos) y del 10 al 5 %, en pasta y aceites de oliva y de semillas. Quedan fuera de la rebaja impositiva las carnes y el pescado, lo que fue muy criticado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, valoró que el Gobierno haya “copiado” algunas propuestas del PP como la bajada del IVA a algunos productos de la cesta de la compra, pero solicitó que esa medida incluya también a la carne, el pescado y las conservas.

En esta misma línea se manifestó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el secretario general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos, Roberto Alonso Baptista, y el gerente de la Cooperativa de Armadores de Pesca de Vigo, Edelmiro Ulloa, que coincidieron en lamentar que el Gobierno central no rebajase los impuestos a los productos del mar. Rueda aseguró “no entender” que “un alimento fundamental como fue en la pandemia el pescado ahora no tenga ningún tipo de bajada del IVA”.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, garantizó que “habrá sanciones” para el sector de la distribución si no repercute en sus precios la rebaja del IVA en alimentos aprobada el martes por el Ejecutivo. Así lo indicó la también ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en una entrevista, donde insistió en que confía en el sector, ya que “es consciente de que tiene una responsabilidad especial en este momento”. En este sentido, Calviño recordó que el real decreto ley establece la obligación para los distribuidores de que repercutan esa bajada del IVA de forma positiva en la cesta de la compra y por ello remarcó que van a estar “muy vigilantes y muy atentos de que así sea”.

Dejó claro que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia “va a tener una indicación muy clara de vigilarlo y habrá sanciones si no se cumple”. “Confío en que el sector colabore y transmita esta bajada de los precios que va a notarse inmediatamente en los bolsillos de las familias”, señaló la vicepresidenta primera.

Los cambios en el IVA aprobados por el Gobierno estarán vigentes entre el 1 de enero y el 30 de junio, aunque se podrán revertir el 1 de mayo si la tasa interanual de la inflación subyacente de marzo, publicada en abril, es inferior al 5,5 %.

El cheque de 200 euros se podrá pedir en febrero

El cheque de 200 euros para familias vulnerables anunciado por el Gobierno podrá solicitarse desde el 15 de febrero y hasta el 31 de marzo de 2023 en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Esta es una de las medidas incluidas en el real decreto ley aprobado por el Ejecutivo para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania en la economía y que se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con entrada en vigor inmediata.

La ayuda está prevista para personas físicas con hasta 27.000 euros de renta anual en 2022 y que tuvieran un patrimonio inferior a 75.000 euros anuales a 31 de diciembre de este año, por lo que podría llegar a 4,2 millones de hogares para “paliar el efecto perjudicial en los precios ocasionado principalmente por la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania”.

El Gobierno previó una partida de 1.200 millones de euros para esta línea y cada ayuda se abonará mediante transferencia bancaria. Los beneficiarios deberán haber realizado durante 2022 una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, o haber sido beneficiarios de la prestación o subsidio por desempleo, además de que deben tener la residencia habitual en España.

Según detalla el decreto ley, no tendrán derecho a la ayuda quienes, a 31 de diciembre de 2022, perciban el ingreso mínimo vital o pensiones abonadas por el Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado y tampoco quienes fuesen administradores de derecho de una sociedad mercantil. 

También detalla que se transferirá a las Instituciones Navarras y a las Instituciones Vascas las cantidades correspondientes a los NIF de los posibles beneficiarios que estén domiciliados en esas comunidades autónomas.