Consumo insta a prorrogar contratos a 541 inmobiliarias

Sumar urge la ampliación pese a que el decreto que la contempla se vota la semana que viene

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en el Congreso de los Diputados.
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en el Congreso de los Diputados. | Europa Press

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 remitió una carta a 541 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan o concentran 50 o más propiedades cada una para informarles de que deben prorrogar obligatoriamente los contratos de sus inquilinos que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 si así lo solicitaron. En total, según informó el Ministerio, las empresas a las que se les envió esta carta gestionan más de 50.000 alquileres.

Sumar, el socio de Gobierno del PSOE y al que pertenece el ministro de Consumo Pablo Bustinduy, es el grupo que impulsó la iniciativa que se vota en el Congreso la semana que viene, y antes de esa votación, que contará más que previsiblemente con el rechazo de Junts y de los partidos de la derecha, decidió pedir a los arrendadores la ampliación de los contratos llamando incluso a la insumisión social. La formación que en el Gobierno lidera Yolanda Díaz instó a los inquilinos a reclamar la prórroga y a defenderla en la calle si es preciso, a la vez que advirtió a las empresas que deben cumplir.

Consumo solicitó a las entidades la máxima diligencia para asegurar la correcta aplicación de las medidas, así como la adopción de los procedimientos internos necesarios para su cumplimiento inmediato. El decreto que contempla la prórroga de los alquileres será votado para su convalidación la próxima semana en el Congreso y el Gobierno trabaja en reunir los apoyos necesarios para que no decaigan las medidas aprobadas.

En la misiva, firmada por el director general de Consumo, se informa a todas las empresas de la obligatoriedad de cumplir con el Decreto-ley 8/2026, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la situación internacional. Las medidas afectan directamente a los arrendamientos de vivienda habitual.

El estudio constata además que los caseros o personas que perciben rentas por alquiler de vivienda habitual suponen un 4,9% de la población total frente al volumen de inquilinos, que constituyen el 20,8% de la población. Los multiarrendadores controlan una proporción todavía mayor del mercado del alquiler en grandes ciudades como Las Palmas (65%), Santa Cruz de Tenerife (64,6%), Palma (63%), Barcelona (60,8%), Madrid (56,4%) o Valencia (55%).

En este sentido, la carta también explica a los grandes tenedores en qué consiste la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual: el inquilino podrá renovar de forma extraordinaria su contrato de alquiler una vez finalice la duración de este por plazos anuales, y hasta un máximo de dos años adicionales.

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