El Congreso aprueba el último decreto de medidas anticrisis

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalidó ayer el decreto de ayudas por la crisis de la guerra en Ucrania sin ningún voto en contra y la abstención de Vox y Ciudadanos. En concreto, el decreto “ómnibus” contó con 53 votos a favor del PSOE, PP, Unidas Podemos, PNV, ERC, Coalición Canaria, PRC y de Compromís.

El objetivo principal del decreto pasa por extender algunas de las medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania que caducaron el pasado 30 de junio, como las rebajas del IVA de los alimentos y las ayudas al transporte público. Pero también incluye la transposición de varias Directivas Europeas, introduce limitaciones a Vehículos de Transporte Compartido (VTC) y prohíbe el despido por costes energéticos. Asimismo, elimina algunas de las medidas establecidas en anteriores paquetes anticrisis. Es el caso de la posibilidad de prorrogar automáticamente seis meses el alquiler con las mismas condiciones que el contrato que estuviera en vigor hasta ese momento.

En total, se van a movilizar 3.800 millones de euros adicionales, aunque el impacto total -teniendo en cuenta las ayudas totales, con las rebajas de impuestos y bonificaciones- es de 8.900 millones de euros en la segunda parte del año.

De la defensa del decreto se encargó el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños, que estuvo arropado por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

Vivienda

En materia de vivienda, el decreto mantiene hasta final de año la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables cuando no haya alternativa habitacional. Se prorroga también el plazo durante el que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento pueden presentar la solicitud de compensación, fijando el nuevo plazo hasta el 31 de enero de 2024.

Por otro lado, en este decreto-ley se incluye una línea de avales de 2.500 millones de euros para la compra de una primera vivienda de jóvenes menores de 35 años y familias con menores a su cargo sin límite de edad, pero con ingresos de hasta 37.800 euros anuales.

Adicionalmente, se incluyen medidas para facilitar las inversiones del Perte Chip (microprocesadores), al tiempo que se modifica la Ley General de Subvenciones para aclarar la aplicación de las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El paquete también habilita a las comunidades autónomas para limitar las flotas de los VTC con arreglo a motivos medioambientales y gestión del tráfico y recoge una nueva deducción en IRPF del 15% para la compra de un vehículo eléctrico.