Confirman la absolución de la cúpula de Caixanova en el caso Promalar

La sala de apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la absolución de los miembros de la cúpula de la extinta Caixanova, entre ellos su presidente Julio Fernández Gayoso, por una serie de operaciones crediticias con la promotora Promalar entre 2005 y 2010. El pasado 13 de julio, la Audiencia Nacional absolvió a la excúpula de Caixanova de los delitos de administración desleal, falsedad documental y blanqueo de capitales en relación con una serie de operaciones que ocasionaron a la entidad un perjuicio de 80 millones de euros.

En su sentencia, la sala de lo penal absolvía, además de a Gayoso, a Gregorio Gorriarán y José Luis Pego, así como al director de la oficina principal José Benito Parente y otras seis personas. La Fiscalía sostenía que en otoño de 2005 Caixanova concedió un crédito a la sociedad Promalar, en la que contaban con intereses el que fuera presidente de la entidad Guillermo Alonso, fallecido, y el consejero Fernando García del Valle, con el objetivo de “ayudar a reflotarla” dadas sus “serias dificultades económicas.

De este modo, se habrían simulado contratos que ocultaban la verdadera naturaleza y la finalidad de las operaciones de financiación concedidas a Promalar, fundada por Juan Lago, incluido en el procesamiento, que recibió un primer préstamo de Caixanova de 60 millones de euros y, posteriormente, otros dos: uno de 9,25 millones y otro de 5 millones de euros. En total, la entidad otorgó a Promalar préstamos por un importe de 135 millones de euros. La operación perseguía reflotar la conservera Bernardo Alfageme.

Entre otras irregularidades, el ministerio público afirmaba que se tasaron fincas por 190 veces su valor real. En una de estas operaciones, para cubrir el riesgo de 60 millones de euros concedido por préstamo hipotecario, se entregaron en garantía fincas valoradas en 133 millones, aunque su valor real era de 2,5 millones de euros.

Sin embargo, los magistrados de la sala de lo penal entendieron que no existían elementos que permitieran afirmar que se ocultaron datos relevantes a los órganos decisorios de Caixanova, como su comisión delegada y el consejo de administración, y tampoco vieron acreditado que los acusados pretendieran no devolver el dinero.

“No resulta irrazonable pensar, desde el punto de vista de la lógica económica que justifique la decisión de Caixanova, que existían posibilidades reales de que las fincas” fueran calificadas como suelo urbanizable en la ulterior aprobación del plan general de ordenación urbana”, añadía la sentencia. La sala de apelaciones confirma todos estos argumentos y entiende que el delito de administración desleal, está prescrito.