Repsol, sancionada con 20,5 millones por ‘machacar’ a sus competidores de gasóleo
La CNMC acusa a la petrolera de aplicar descuentos y subir precios estratégicamente para perjudicar a estaciones de servicio independientes
La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa histórica de 20,5 millones de euros a tres empresas del grupo Repsol —Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa— por aplicar una política comercial abusiva que dañó a sus competidores. Según la CNMC, entre abril y diciembre de 2022, estas compañías pusieron en marcha una estrategia de estrechamiento de márgenes que buscaba recuperar cuota de mercado frente a las estaciones independientes y de bajo coste, en perjuicio de estas últimas.
La investigación revela que Repsol combinó subidas generalizadas de precios mayoristas con descuentos adicionales para clientes profesionales, sumándose al descuento de 5 céntimos por litro autorizado por la ley. Esta práctica coincidió con las subidas de precios derivadas de la invasión rusa de Ucrania y tuvo un efecto directo: mientras Repsol aumentaba sus ventas y consolidaba su dominio, las estaciones independientes veían desplomarse su volumen de gasóleo vendido a transportistas y otros clientes profesionales.
La CNMC califica esta conducta como “especialmente grave”, al afectar a estaciones de bajo coste que desempeñan un papel clave en zonas fronterizas y corredores estratégicos de transporte, dinamizando el mercado allí donde más se necesita. Además de la multa millonaria, Repsol, Solred y Campsa quedan prohibidas de participar en licitaciones públicas de Gasóleo A durante seis meses. Las matrices Repsol Customer Centric y Repsol S.A. responden también de forma solidaria por el pago de la sanción, aunque la resolución podrá ser recurrida ante la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses.
Con esta decisión, la CNMC deja claro que las empresas en posición de dominio tienen una responsabilidad especial de no restringir la competencia, y que estrategias como la de Repsol que buscan “machacar” a sus competidores no solo son ilegales, sino que pueden costar millones de euros y limitar su participación en contratos públicos.
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