El comisario de Pesca defiende su veto en vísperas de entrar en vigor
MAR
El lituano Virginijus Sinkevicius dará la cara en la Comisión el lunes 10 en una reunión en la que se discutirá el reglamento
Una reunión de la Comisión de Pesca de la Unión Europea será el escenario en el que el comisario Virginijus Sinkevicius salga a la palestra para dar explicaciones un día después de la entrada en vigor del reglamento de ejecución que veta la pesca de fondo en caladeros de más de 400 metros, una norma unánimemente rechazada.
Será el lunes 10 por la tarde en la sala Altiero Spinelli del Parlamento Europeo donde se espera que el lituano se pronuncie sobre la polémica normativa. En el orden del día hay otros asuntos como las posibilidades de pesca en el mar Báltico o las medidas adoptadas para mitigar las repercusiones de la pandemia en el sector pesquero, pero lo más discutido será este reglamento duramente criticado que hasta el pasado jueves ni siquiera dejaba claro cómo funcionaría en los caladeros que presentaban profundidades tanto superiores como inferiores a los 400 metros.
Dicho reglamento está siendo recurrido por el Gobierno de España y sus críticas aumentan cada día. Ayer mismo, el eurodiputado del Partido Popular Francisco Millán Mon señaló en un programa de radio a nivel nacional que la Comisión Europea no tiene en cuenta aspectos económicos y sociales: “Crear un futuro verde o azul no puede significar un futuro negro para los pescadores”, sentenció el europarlamentario.
Millán Mon habló durante esta entrevista de “falta de sensibilidad hacia la pesca” por parte del Ejecutivo Comunitario, a quien acusó de tener una visión “estrictamente medioambientalista” frente al enfoque “más equilibrado” que recogen el Derecho Comunitario y la Política Pesquera Común.
Además, de acuerdo con el eurodiputado del Partido Popular, el impacto socioeconómico de este reglamento de ejecución produciría unas pérdidas de más de 300 millones de euros para la flota gallega afectada y unos 4.000 pescadores se quedarían sin empleo. Elevó la estimación a 800 millones de euros “si se tienen en cuenta las actividades económicas alrededor de la pesca como los camiones, los fabricantes de redes, los puestos en las lonjas, las industrIAs de transformación…”. Millán Mon censuró la falta de un estudio de impacto económico y social.
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