El CES destaca los nueve trimestres de crecimiento en Galicia seguidos y la bajada del paro

n n n 2017 fue un buen año porque Galicia encadenó nueve trimestres consecutivos con tasas de crecimiento iguales o superiores al 3%, la población ocupada, las afiliaciones a la Seguridad Social y el número de empleos a tiempo completo crecieron y el paro se redujo, pero hay tareas pendientes. Así lo señaló ayer la presidenta del Consello Económico e Social de Galicia, Corina Porro, al presentar la"Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 2017".

Entre esas tareas está la recuperación de la población activa, que se ha iniciado en 2018, y para el CES debe mejorarse la calidad del empleo, especialmente en lo que hace referencia a la tasa de temporalidad, a la duración de los contratos y a la rotación de los mismos.

Por sectores la construcción fue el que más creció el año pasado (3,5%) y después los servicios (3,3%) a lo que se suma el buen comportamiento del sector exterior gallego.

"Este comportamiento positivo de la economía tiene alguna matización como los posibles efectos del descenso de la población activa, el paro juvenil y las dificultades para los parados de larga duración", matizó Corina Porro.

Porro llamó la atención durante su intervención en un "problema de base" que afronta Galicia, que es el de la crisis demográfica. En cualquier caso, afirmó que "se está en el buen camino" con medidas como la creación de un observatorio para "trabajar de forma conjunta" en esta problemática.

Al respecto, la memoria subraya la "preocupación" por el descenso de la población y por un crecimiento natural "cada vez más negativo, debido, entre otros aspectos, a la reducida tasa de natalidad, al incremento de la edad media o a la emigración de jóvenes con una edad de tener hijos".

Para el CES, es "prioritario corregir el desequilibrio territorial" y las administraciones "deben impulsar iniciativas para evitar que la población asentada en áreas con menos posibilidades sea discriminada por razón del territorio".

El sobreenvejecimiento de la población (mayor de 75 años) y la dispersión territorial, avisa, "inciden de manera significativa en el coste de la prestación de la mayor parte de los bienes y servicios públicos".

Así las cosas, pide que en las propuestas de reforma de financiación autonómica "se tengan en cuenta estas singularidades", y que en los fondos de nivelación se contemple "la totalidad de los servicios públicos".

En este ámbito, constata "las implicaciones directas" que tiene el envejecimiento poblacional en los sistemas de protección sanitaria y social. "La relevancia global de este problema hace necesario abordarlo desde una perspectiva de país", reivindica.

Por otra parte, el CES ve "con preocupación" los efectos de la reestructuración en el sector financiero, "principalmente en el ámbito rural", por lo que solicita que esta transformación se lleve a cabo "teniendo en cuenta las necesidades de los clientes".

Mención explícita dedica a la "magnitud y gravedad" de los incendios forestales registrados en 2017, tras los que cree que "se deben impulsar cambios efectivos en la política forestal que propicien la puesta en valor del monte".

"La Administración debe propiciar alternativas que incentiven el cuidado y la inversión en el monte y buscar fórmulas para frenar su abandono", sostiene el CES.

Por su parte, Rosa Arcos, de Unións Agrarias y a la que este año le correspondió la presidencia de la comisión para elaborar la memoria, apuntó al "escaso peso" de las ayudas de la política agraria común (PAC) sobre el total de fondos, ante lo que ha interpretado que estas "pueden aumentar" y ha dicho que deben percibirlas los agricultores, que son quienes contribuyen a fijar población en el medio rural. n