Bruselas, contra la tarifa regulada de 31.500 hogares de la provincia

La tarifa regulada de la luz (PVPC), el modelo de precio que durante años ha servido de refugio para millones de consumidores en España, vuelve a situarse en el centro del debate energético europeo. La Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros con precios intervenidos, entre ellos España, que diseñen planes de transición progresiva hacia modelos más orientados al mercado libre.

Para las instituciones europeas, mantener sistemas regulados de forma permanente puede distorsionar la competencia y reducir los incentivos al ahorro energético. Sin embargo, en España, el debate no es solo una cuestión de mercado; también tiene una dimensión social. Tener contratada la tarifa regulada es el requisito obligatorio para acceder al Bono Social Eléctrico, contra la pobreza energética.

En Galicia, el posible proceso de transición del PVPC tiene un impacto directo sobre miles de hogares. Cerca de 83.000 familias gallegas (82.740 en total) dependen de esta tarifa, según los datos de Papernest con datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Aunque Bruselas no plantea una eliminación inmediata, sí reclama una hoja de ruta con medidas para reducir progresivamente el peso de los precios regulados. Esto obligaría a redefinir cómo se articula la protección energética de consumidores vulnerables.

Vigo y la provincia de Pontevedra registran 31.584 familias (el 3,3% de la población) cuya protección energética depende del modelo regulado.

Aunque la Comisión Europea admite que los Estados pueden mantener mecanismos temporales de protección, el objetivo pasa por desplazar progresivamente los precios regulados hacia ayudas más focalizadas.

En Vigo y la provincia, el perfil de los beneficiarios refleja una situación de elevada fragilidad social: 14.400 familias son vulnerables y 160 en riesgo de exclusión social.

Al debate europeo se suma además la revisión interna de los criterios de acceso al Bono Social. En la provincia 5.663 familias numerosas acceden actualmente a esta ayuda energética a través de la tarifa regulada. También 868 pensionistas con pensión mínima y 480 personas con el ingreso mínimo vital.