La banca tributará el 4,8% por intereses y comisiones

El nuevo impuesto a las grandes empresas energéticas gravará con un 1,2 % sus ventas y el de la banca aplicará un tipo del 4,8 % sobre sus comisiones e intereses netos, según se desprende de la proposición de ley registrada ayer por PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. De acuerdo a este texto, las nuevas prestaciones afectarán a los resultados de los ejercicios 2022 y 2023, que se abonarán en el mes de septiembre del año siguiente, con un pago a cuenta del 50 % del total que se abonará en febrero.

Estos pagos no podrán deducirse en el impuesto de sociedades ni repercutirse al cliente, algo que vigilará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -en colaboración, en el caso de la banca, con el Banco de España- y cuyo incumplimiento podría suponer sanciones por el 150 % del importe repercutido.

Estos impuestos, con los que el Gobierno pretende recaudar 7.000 millones de euros en dos años para ayudar a sufragar el coste de las medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania, tendrán un carácter “temporal y extraordinario”. El Gobierno prevé reunirse hoy con el sector empresarial para informar de la medida, que afectará a una veintena de empresas.

Los tributos tienen amparo en el artículo 31.3 de la Constitución, ya que se materializan como prestaciones patrimoniales de naturaleza pública y carácter no tributario, igual que la aportación que ya realiza la banca por sus activos fiscales diferidos.

ENERGÉTICAS Y BANCOS

Las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones de euros en 2019 tendrán que abonar por este impuesto un 1,2 % del importe neto de la cifra de negocios anual correspondiente a 2022 y 2023. La obligación de pago nace el 1 de enero del año siguiente (2023 y 2024), que se abonará en septiembre, aunque se exigirá un pago a cuenta del 50 % del importe total en el mes de febrero.

Quedarán excluidos del pago de la prestación -que prevé recaudar 2.000 millones anuales- los grupos cuya parte energética supone menos de la mitad del importe neto de su cifra de negocios. Es decir, que solo abonarán la prestación los operadores energéticos considerados principales a efectos de la CNMC: cifra neta de negocios de más de 1.000 millones en 2019 y que la parte energética sea su actividad principal.

Por lo que respecta a la prestación bancaria, que pretende recaudar 1.500 millones anuales, gravará el margen de intermediación, es decir, los intereses netos -diferencia entre los que cobra y los que paga- y las comisiones netas -diferencia entre las cobradas y pagadas- con un tipo del 4,8 %.

Al igual que en el tributo energético, la obligación de pago nace el 1 de enero del año siguiente (2023 y 2024), que se abonará en septiembre, aunque se exigirá un pago a cuenta del 50 % del importe total en el mes de febrero.

La prestación será obligatoria para las entidades financieras cuyos intereses y comisiones brutas cobradas a los clientes superaran los 800 millones de euros en 2019.

El sector bancario dice que la tasa lastrará la recuperación

El sector bancario, representado por las principales asociaciones (Asociación Española de Banca, AEB; y la Confederación Española de Cajas de Ahorro, CECA), denunció ayer que el nuevo impuesto a la banca supondrá un obstáculo para la recuperación económica y la creación de empleo, y no conseguirá su objetivo de combatir la elevada inflación.

En un comunicado conjunto, ambas asociaciones advirtieron a su vez de las consecuencias que puede tener el nuevo gravamen para la estabilidad financiera, en un contexto marcado por el incremento de precios y las tensiones geopolíticas. En este sentido, recuerda que el sector lleva realizando una contribución “relevante” a la economía española, así como a la sostenibilidad del gasto público a través de tributos específicos.

Además, aseguran que la medida podría lastrar también la capacidad de las entidades de conceder crédito, así como su competitividad en el mercado único europeo. Pese a ello, la AEB, que representa a los principales bancos españoles -Santander, BBVA, Sabadell o Bankinter-, y la CECA, que aglutina a las antiguas cajas de ahorros reconvertidas desde hace años en bancos, como Caixabank, muestran su disposición a dialogar con el Gobierno y los grupos parlamentarios durante la tramitación de la norma. Y recuerdan que la negociación se debe realizar sobre los “principios básicos” del sistema tributario español, como son “la igualdad, no discriminación y capacidad económica”.