El alza de los precios obliga a prorrogar el escudo anticrisis

El Consejo de Ministros aprueba hoy el nuevo escudo anticrisis tras el recrudecimiento del conflicto bélico en Oriente Próximo, de cara a paliar la escalada de precios y la pérdida de poder adquisitivo de cara al otoño y el invierno. Antes de que decaigan en octubre algunas de las medidas de apoyo a los sectores productivos que estaban incluidas en paquetes anteriores, el Gobierno prepara un nuevo decreto para proteger a los hogares y empresas de la subida de precios, especialmente energéticos, provocada por la guerra en Irán.

El Ejecutivo no detalló todavía el contenido concreto de la norma, aunque sí avanzó que prorrogará las ayudas al sector agroalimentario, incluida la compensación por los sobrecostes del gasóleo agrícola, previsiblemente hasta el 31 de diciembre. Además, el Gobierno pretende mantener una perspectiva de medio y largo plazo, con medidas dirigidas a reducir la dependencia energética de España e impulsar la electrificación y la descarbonización de la economía. El coste presupuestario de las medidas adoptadas hasta ahora asciende a 10.000 millones de euros, al sumar los dos decretos aprobados desde marzo y otras iniciativas estructurales, como la reducción progresiva y la posterior eliminación del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica.

Prórroga de medidas

Hasta el 30 de septiembre, las medidas del Plan de Respuesta están vigentes según el calendario ya anunciado: la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevó a 20 céntimos por litro desde el pasado 1 de septiembre, mientras que la rebaja de la gasolina se mantiene en 5 céntimos por litro. Hay que tener en cuenta que algunas medidas finalizan a finales de septiembre -fiscalidad a carburantes-, mientras que otras se mantienen el resto del año -como los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico-. De cara a la aprobación del nuevo decreto, el Gobierno mantuvo reuniones con los agentes sociales -patronal y sindicatos-, además de con sectores como el agroalimentario, el industrial, el energético, la distribución o transportes, que son los más afectados por la escalada de precios.

Diversos análisis de expertos, como el elaborado por la economista sénior en la Dirección de Coyuntura y Estadística de Funcas y profesora de la UNED, María Jesús Fernández Sánchez, advierten de que la extensión del conflicto hacia el estrecho de Bab el-Mandeb hace temer un agravamiento y una prolongación en el tiempo de los problemas de suministro. Este escenario eleva el riesgo de una inflación energética más elevada y persistente, y, consecuentemente, de una extensión hacia todos los precios de la economía y hacia los salarios.

Seis meses después del inicio del conflicto, en agosto la presión de los precios de los carburantes volvió a intensificarse: la inflación general se sitúa en el 4,3%, siete décimas por encima de julio, un repunte explicado por el aumento de los productos energéticos. De cara a los próximos meses, centros de análisis como Funcas ya advirtieron de que la tasa de inflación puede llegar al 4,9% en septiembre y mantenerse por encima del 4% en los meses siguientes, con una media anual del 3,6% este año y del 2,9% en 2027. Según los cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la factura regulada del gas (Tarifa de Último Recurso-TUR) subirá más de un 50% a partir del próximo jueves, 1 de octubre, si el Gobierno no toma medidas antes en el decreto anticrisis que prevé aprobar hoy en el Consejo de Ministros.

Subida del gas

En concreto, la factura regulada del gas podría encarecerse un 54% a partir del jueves, lo que supondría un sobrecoste anual de unos 310 euros para un hogar medio con calefacción. Aunque la última palabra la tendrá el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo, de momento el sector eléctrico ya mostró su oposición a volver a aplicar en España la excepción ibérica, una medida que solicita tanto Sumar, socio de Gobierno, como los sindicatos. En un escenario geopolítico como el actual, los mercados dan por descontado que el Banco Central Europeo, como autoridad monetaria, siga elevando los tipos de interés más de lo contemplado hasta el momento.