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El secretario general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Andreu Camps, manifestó ayer "la absoluta y completa confianza" del organismo en el colectivo arbitral pese a las informaciones relacionadas con el caso Negreira, y advirtió que han podido "constatar que una persona con responsabilidad gubernamental" tenía conocimiento de los hechos y "no lo denunció", y que un miembro del estamento no ha querido colaborar en el cuestionario que se envió.
"Quiero manifestar la absoluta y completa confianza de esta RFEF y su presidente con todo el colectivo arbitral y que ninguna actuación que pudiera acreditarse, incluso si la misma es objetivo de lícito penal, puede desacreditarles y hacer dudar de su plena honradez. Si se acredita algo, nos negamos en redondo a que esto deba tener consecuencias negativas en nuestros honestos y profesionales miembros del colectivo arbitral", expresó Camps en comparecencia ante los medios junto a Luis Medina Cantalejo, presidente del CTA.
Este último aseguró que "no hay ninguna evidencia, ni prueba que pueda decir que un árbitro es deshonesto" y explicó que ha trasladado al departamento de integridad la información recabada en la investigación interna relacionada con el caso Negreira. “Quien tiene mayor interés en que esto se aclare y que si hay culpables se les castigue con el máximo rigor somos los árbitros, si ha habido algo imputable a personas que en su momento pertenecieron a esta casa y aprovechando su posición se han lucrado”, dijo Medina Cantalejo.
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