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La renovación del programa ADO para Tokio 2020, la adecuación de la ley antidopaje al nuevo Código Mundial y la resolución de las diferencias con la Federación Española de Fútbol de Ángel María Villar sobre su proceso electoral se presentan como parte de los primeros 'deberes' de José Ramón Lete, nombrado ayer presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) por el Consejo de Ministros.
Lete Lasa (San Sebastián, 1957), que tiene rango de secretario de Estado, desembarcará en Martín Fierro con trabajos pendientes como los citados y otros que afectan a las relaciones con algunos colectivos de deportistas ahora distanciados del CSD.
Con experiencia en gestión deportiva por sus dos etapas al frente de la Secretaría Xeral para o Deporte, Lete debe impulsar la puesta en marcha del programa ADO y ADOP para Tokio 2020, junto con el Comité Olímpico Español (COE) y RTVE, después de las 17 medallas que España se trajo de Río y las 31 de los paralímpicos.
Creado para los Juegos de Barcelona 1992, el ADO ha sido básico para la preparación de los deportistas olímpicos españoles. Para el ciclo de Río trece empresas hicieron aportaciones económicas que superaron los 22 millones de euros y en este último año recibieron becas 191 deportistas. La cuantía de la beca máxima se mantuvo, como en el anterior ciclo, en 60.000 euros.
En materia legislativa, España tiene que adecuar la ley de dopaje al Código de la Agencia Mundial (AMA) y renovar la ley del Deporte, que data de 1990, cuyo contenido contempló modificar, sin llegar a hacerlo, Miguel Cardenal.
La interinidad en que ha estado el Gobierno durante casi un año ha impedido adaptar la ley de dopaje al código Mundial y esta situación mantiene suspendido el laboratorio de Madrid desde el mes de junio.
La suspensión del centro fue consecuencia de la calificación que la AMA hizo de la agencia española (Aepsad), el 19 de marzo, como no cumplidora con su normativa, aunque la adecuación del texto será un mero trámite.
La forma de financiación del deporte, al margen de la ayuda proveniente de los Presupuestos Generales del Estado –pendientes de aprobación para 2017–, es otro de los aspectos en los que el CSD tiene que seguir insistiendo después de una legislatura muy complicada por la situación económica.
La herencia que va a encontrar Lete incluye el sistema de control económico puesto en marcha para acabar con la deuda del fútbol y con un modelo de venta centralizada de derechos audiovisuales que da dinero a otros deportes.
Pero estas iniciativas no han evitado un alejamiento de la Federación Española de Fútbol (RFEF), con la que la relación sólo ha empeorado por el proceso electoral que ya debía haber concluido y que todavía no ha empezado.
La RFEF, por no tener ningún equipo clasificado para Río, debía haber elegido presidente en el primer cuatrimestre del año, pero los sucesivos reglamentos electorales de ésta han sido rechazados por el CSD y la fecha de los comicios sigue en el aire, junto a la posibilidad de que el caso acabe en los tribunales.
La gestión de Ángel María Villar ha sido cuestionada por el CSD, que ha denunciado, sin éxito, ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) lo que consideró trato de favor hacia los clubes Recreativo y Marino.
Al margen del fútbol, algunos colectivos como las asociaciones de jugadores de fútbol sala y baloncesto no han ocultado su rechazo a la política del CSD y a Lete le tocará intentar acercar posturas. n
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