El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) avaló ayer la decisión de 2013 de la Comisión Europea que declaró ilegal el sistema español de bonificaciones fiscales –conocido como ‘tax lease’–para los inversores en astilleros, por lo que obliga a España a recuperar el dinero.
La Justicia europea falló así en un nuevo capítulo de un asunto que se remonta a 2013, cuando el entonces comisario de Competencia, Joaquín Almunia, pidió a las autoridades españolas que recuperaran las ayudas ilegales concedidas a los astilleros entre 2007 y 2011 tras concluir que este régimen vulneraba las normas de la UE en materia de ayudas públicas.
El Ministerio de Hacienda que capitaneaba en ese momento Cristóbal Montoro calculó que las ayudas que habían sido concedidas bajo este sistema fiscal y que debían ser recuperadas ascendían a 126 millones de euros.
No obstante, la resolución conocida este miércoles todavía puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la UE, la instancia superior, en un plazo de dos meses y diez días a partir de la notificación. El sistema denunciado hace siete años por el Ejecutivo comunitario permitía financiar, mediante una estructura jurídica y financiera específica, la construcción de buques marítimos por los astilleros y su adquisición por las empresas navieras con un descuento sobre el precio del buque. Para ello, intervenían como intermediarios una sociedad de ‘leasing’ y una agrupación de interés económico (AIE).
Ahora, el tribunal de Luxemburgo señala que el régimen fiscal estaba basado en un sistema de autorización previa con “criterios vagos” que requerían “una interpretación que podía llevarse a cabo sin quedar sujeta a ninguna directriz”.
De esta forma, las autoridades tributarias españolas podían fijar la fecha de inicio de la amortización “en función de circunstancias definidas en términos que conferían a la Administración un amplio margen discrecional”. En segundo lugar, el fallo subraya que una reducción de entre el 20% y el 30% del precio de un buque en un mercado abierto entre todos los Estados miembros de la UE “suponía una amenaza de que se falseara la competencia”.n
El Ministerio de Hacienda que capitaneaba en ese momento Cristóbal Montoro calculó que las ayudas que habían sido concedidas bajo este sistema fiscal y que debían ser recuperadas ascendían a 126 millones de euros.
No obstante, la resolución conocida este miércoles todavía puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la UE, la instancia superior, en un plazo de dos meses y diez días a partir de la notificación. El sistema denunciado hace siete años por el Ejecutivo comunitario permitía financiar, mediante una estructura jurídica y financiera específica, la construcción de buques marítimos por los astilleros y su adquisición por las empresas navieras con un descuento sobre el precio del buque. Para ello, intervenían como intermediarios una sociedad de ‘leasing’ y una agrupación de interés económico (AIE).
Ahora, el tribunal de Luxemburgo señala que el régimen fiscal estaba basado en un sistema de autorización previa con “criterios vagos” que requerían “una interpretación que podía llevarse a cabo sin quedar sujeta a ninguna directriz”.
De esta forma, las autoridades tributarias españolas podían fijar la fecha de inicio de la amortización “en función de circunstancias definidas en términos que conferían a la Administración un amplio margen discrecional”. En segundo lugar, el fallo subraya que una reducción de entre el 20% y el 30% del precio de un buque en un mercado abierto entre todos los Estados miembros de la UE “suponía una amenaza de que se falseara la competencia”.n
